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Gaspar Zarrías fue consejero de la Presidencia entre abril de 1996 y el mismo mes de 2009. Ha sido condenado a nueve años de inhabilitación especial por un delito continuado de prevaricación, un año menos de lo que pedía la Fiscalía. La sentencia recuerda que, por su cargo, presidía la Comisión General de Viceconsejeros, por donde pasaban todos los expedientes de modificación presupuestaria y el anteproyecto de las cuentas autonómicas cada año, además de haber estado presente en la aprobación de la mayoría de las modificaciones que afectaron al programa 22-E y luego al programa 31-L, principales partidas presupuestarias de la trama juzgada.
El exconsejero participó en la aprobación de las modificaciones que supusieron la reducción de la partida que era la adecuada para la concesión de las subvenciones, con el objetivo de dotar de fondos a otra que no era legalmente apropiada para su concesión. Zarrías, según relata la sentencia, manifestó que conocía cuál era la regulación legal de las ayudas pese a que el sistema instaurado en abril de 2000 era contrario a la normativa.
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El juez también lo señala por haber participado, como el resto de miembros del Consejo de Gobierno, en los planes anuales de control financiero permanente de las entidades públicas dependientes de la Junta, cuya memoria en 2006 mencionaba incumplimientos como el uso indebido de las transferencias de financiación para otorgar subvenciones excepcionales que habrían requerido una tramitación propia y sometida a fiscalización. Zarrías, recuerda la sentencia, no sólo presidió la citada sesión del Consejo de Gobierno sino que presentó la propuesta.
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