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Después de tres años de coincidencia absoluta, las discrepancias han aparecido donde menos se las esperaba. Los grupos políticos han registrado este miércoles sus conclusiones tras concluir las comparecencias en la comisión parlamentaria de investigación sobre la Fundación Fondo Andaluz de Formación y Empleo (FAFFE), la entidad instrumental para la formación de desempleados puesta en marcha por la Junta en 2003 y disuelta ocho años más tarde, y los partidos que sustentan al Gobierno andaluz han presentado documentos que evidencian disonancias.
A pesar que durante los casi tres años que han durado los trabajos en la comisión los portavoces del Partido Popular y de Ciudadanos actuaron casi al unísono, en sus respectivos dictámenes finales difieren en el alcance de las responsabilidades políticas exigibles por las irregularidades detectadas en en la comisión.
Mientras que el PP señala a más de una treintena de personas, entre las que incluye a los expresidentes Manuel Chaves, José Griñán y Susana Díaz, Ciudadanos limita esas responsabilidades a un número más limitado de cargos y excluye a la última mandataria socialista. La portavoz parlamentaria de la formación naranja, Teresa Pardo, señaló que aunque entiende que Díaz fue «una pésima gestora» que dejó a los parados sin formación no se le pueden atribuir responsabilidades políticas, ya que no fue ni precusora ni ideóloga de este ente instrumental. «Hemos hecho una comisión seria, rigurosa y responsable», dijo Pardo al presentar las conclusiones a las que ha arribado su grupo.
El PP, en cambio, señala como responsables políticos de las supuestas irregularidades a los tres últimos presidentes socialistas - Chaves, Griñán y Díaz-, los primeros porque bajo su mandato se produjeron las supuestas irregularidades y la última, porque la liquidación de la FAFFE se prolongó hasta 2016, ya bajo su presidencia, y por pasividad a la hora de procurar el reintegro de la las cantidades no justificadas.
También incluye a los patronos de la fundación, a todos los consejeros y viceconsejeros de Empleo en ese periodo, a la exconsejera de Hacienda y actual ministra del ramo, María Jesús Montero, y a altos cargos con responsabilidades en el área de Formación, además de al que fuera director general técnico de FAFFE, Fernando Villén.
Ciudadanos también apunta a Villén, a los exconsejeros María Jesús Montero, Javier Carnero y Antonio Ramírez de Arellano -los tres aún en la política activa- , a los patronos de la fundación y «a todos los que consiguieron para ellos mismos o para sus familiares y/o amigos una nómina en la FAFFE por su condición de responsables políticos, gracias a su relación con el ex secretario general de empleo del PSOE de Andalucía, Fernando Villén, cuya firma estaba presente en todos los contratos», en una alusión velada al secretario general socialista, Juan Espadas, cuya esposa compareció en la comisión y fue señalada como beneficiaria de un posible enchufe.
Los dictámenes de ambas formaciones también difieren en el alcance de las irregularidades. La portavoz del Partido Popular en la comisión, Ana Vanessa García, cifró el agujero dejado por la FAFFE y que aún está pendiente de justificar en 115 millones de euros.
Pardo, por su parte, rechazó que de los trabajos realizados en la comisión se pueda inferir cantidad alguna. «No sé de dónde la han sacado», dijo al ser preguntada por la cifra ofrecida por los parlamentarios del PP. Este partido, a diferencia de Ciudadanos, está personado en los procedimientos judiciales que investigan las irregularidades en la formación.
Estas discrepancias no son cuestión menor, ya que una vez leídas las conclusiones de los cinco grupos de la Cámara, el presidente de la comisión deberá redactar un dictamen que será sometido a votación en el Parlamento. Lo más probable es que el proceso concluya en pleno periodo preelectoral.
Vox, de cuyo apoyo puede depender la aprobación en pleno del dictamen final, también señala a Susana Díaz entre los cargos a quienes se les deben reclamar responsabilidades políticas.
No lo hace así Unidas Podemos, que se muestra muy crítica con el funcionamiento de la comisión y señala a Chaves y a los exconsejeros de Empleo Viera, Fernández y Recio, además de a los delegados territoriales de ese departamento. La portavoz de esta formación, Inmaculada Nieto, aludió al cúmulo de corruptelas de utilización ilegítima de fondos que supuso este caso y señaló que la comisión hubiese tenido más sentido en la legislatura anterior, porque el Gobierno de la Junta podía tener resistencia a que se supieran los pormenores del asunto.
Para Nieto, hubo una clara intencionalidad de mantener la comisión viva para «escarnio del adversario político» y sólo así se pueden explicar «los aplazamientos innecesarios de los trabajos, el orden de las comparecencias, la espectacularización, y que se hayan hecho coincidir el final de los trabajos con el ruido de los tambores de convocatoria electoral»
En lo que sí han coincidido PP y Ciudadanos ha sido en la gravedad de los hechos analizados y en la caracterización de los mismos como parte de un sistema de corrupción sistemático por parte del PSOE de Andalucía. «Esto no era una cuestión de cuatro golfos como se dijo, sino de cuatro letras, PSOE», dijo Vanessa García, que aludió también a que la FAFFE, además de financiar la visita a prostíbulos de alguno de sus cargo, también fue vehículo para el «enchufismo de la gran familia socialista».
La portavoz parlamentaria de Ciudadanos fue más allá y aseguró que se trata del mayor caso de corrupción de la historia de la democracia. En su opinión, en la comisión se ha podido acreditar que la FAFFE fue creada como herramienta para disponer del dinero público sin control alguno, lo que en su opinión constituyó el modus operandi del PSOE.
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