El exalcalde de Canillas de Aceituno, imputado de nuevo por una licencia de obras ilegal

Nuevo procedimiento judicial contra el exalcalde de Canillas de Aceituno, José Manuel Aranda, por un presunto delito contra la ordenación del territorio relacionado con la concesión de una licencia en enero de 2007 para la construcción de una vivienda residencial de unos 200 metros cuadrados y piscina en suelo no urbanizable.

El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Vélez-Málaga, que instruye el caso, imputa al exregidor por un presunto delito contra la ordenación del territorio, así como a otros seis ediles y exediles del equipo de gobierno, entre los que se encuentra la exalcaldesa y actual portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Pilar Hidalgo, en la oposición municipal desde que en septiembre pasado prosperara la moción de censura presentada por PP e IU. El juez imputa asimismo al representante de la inmobiliaria que vendió las parcelas a una pareja de residentes asegurándoles que eran edificables cuando «era incierto», y a un arquitecto.

Según consta en un auto dictado el 26 de noviembre, en el que el juez ordena que sigan las actuaciones contra los imputados por el trámite de procedimiento abreviado, el exalcalde y los seis concejales aprobaron el proyecto de actuación a pesar del informe desfavorable de la Junta de Andalucía. Asimismo señala que la secretaria y el arquitecto técnico municipal habían informado la improcedencia de otorgar la licencia de obras, cuya solicitud fue presentada en junio de 2006. A pesar de todo, el exalcalde resolvió en enero de 2007 conceder el permiso de obras, lo que permitió la ejecución de una vivienda de unos 200 metros cuadrados, con un pequeño porche, piscina, muro de cerramiento y sin actividad agrícola alguna.

Para el juez, existen motivos suficientes para atribuir al exalcalde y a los ediles y exediles la perpetración de un presunto delito contra la ordenación del territorio.

El exalcalde, que dimitió tras ser inhabilitado por delito urbanístico en 2011, tiene pendientes tres juicios en los que está acusado por conceder otras licencias ilegales. En febrero pasado, Aranda aceptó una pena de multa de 3.600 euros y diez años de inhabilitación para ocupar cargo público por la concesión en 2005 de una licencia ilegal para la construcción de una vivienda en suelo no urbanizable. En aquel juicio la Fiscalía retiró la acusación por otro delito urbanístico que pesaba sobre Aranda y otros seis ediles y exediles por votar a favor el proyecto de actuación para la construcción de la casa. Por este motivo dictó una sentencia absolutoria para los seis.