La Universidad de Málaga prepara un importante ajuste económico que le permita reducir sus gastos en 28 millones, el déficit que hasta ahora acumula, a falta de que a mitad de año se cierren las cuentas de manera definitiva. Es una cantidad muy importante, pues ... supone casi un 9 por ciento del presupuesto actual (326 millones de euros). Un ajuste de tal magnitud dejaría sin margen de maniobra al actual equipo de gobierno, pues apenas daría para afrontar los gastos corrientes (solo en personal se superan los 200 millones de euros).
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Los esfuerzos del equipo de gobierno se centran en reducir los gastos corrientes, que afectarán tanto a los centros como a los diferentes departamentos, así como a todos los vicerrectorados.
Reducir el gasto energético es otro de los objetivos. La luz ha costado a la UMA en 2023 más de 9 millones de euros, casi 2,5 veces más que en 2022, cuando se destinaron 3,8 millones a este concepto.
Controlar e intentar reducir los gastos de personal es otra de las líneas de actuación. En este sentido, el equipo de gobierno analiza incrementar hasta el máximo legal las horas de docencia de los profesores, de manera que se puedan reducir las nuevas contataciones.
Otra importante parte del presupuesto se destina a las becas propias de cohesión social (más de millón y medio), el plan para la mejora docente (casi dos millones) o el plan propio de fomento de la investigación y la transferencia científica, que cuenta con más de cuatro millones de euros de fondos propios de la UMA. Se trata de los tres ejes básicos de una universidad (estudiantes, docencia e investigación) que el rector, Teo López, quiere preservar a toda costa. En estas líneas de actuación, el rector ha dejado claro que su prioridad son las personas (docentes, personal de administración y estudiantes), y garantizar los actuales niveles de calidad y excelencia de la UMA.
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Este ajuste presupuestario viene dispuesto en la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario, LOSU, cuando en el artículo 57.8 establece que «en caso de liquidación del presupuesto con remanente de tesorería negativo, el Consejo Social deberá proceder a la reducción de gastos del nuevo presupuesto por cuantía igual al déficit producido…». Y el artículo 57.9 indica que «la falta de adopción de medidas en caso de liquidación con remanente negativo, facultará a la Comunidad Autónoma para adoptar, en el ámbito de sus competencias, las medidas necesarias para garantizar la estabilidad presupuestaria de la universidad». Por tanto, el presupuesto de 2024 debe afrontar ineludiblemente este objetivo, la reducción de gastos en la misma cuantía que el déficit, es decir, unos 28 millones.
En esta circunstancias, el rector negocia con las consejerías de Universidad y, sobre todo, Economía, la autorización para que este ajuste presupuestario pueda realizarse en varios ejercicios.
La gerente de la UMA, Rosario Gómez, aclara que la liquidación del presupuesto de 2023 no se conocerá hasta junio, por lo que la previsión de déficit de 28 millones es aún provisional. «Hemos reconocido gastos por encima de los ingresos en casi 28 millones de euros», indica. Pero la gerente no va a esperar a que la liquidación sea definitiva y por esto trabaja ya en el ajuste necesario para que el presupuesto que se apruebe lo incluya, aunque «quizás no en su totalidad. No vamos a esperar al mes de junio –añade– para hacer este ajuste; tenemos que hacer un presupuesto realista y contemplar ya el déficit que acumulamos». También explica que se tendrá que negociar con la Junta de Andalucía cómo se gestiona este importante recorte en las cuentas de la Universidad.
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Sobre la situación finianciera de la Universidad, que Rosario Gómez calificó de «extrema» en el consejo de gobierno de este jueves, afirma que «es la que es. De tener un remanente de tesorería de 190 millones en 2015 hemos pasado a tener un remanente negativo de 35 millones». Esto significa que a la UMA le faltan 35 millones para hacer frente a todas sus obligaciones reconocidas, tanto del año actual como de los próximos.
La gerente de la Universidad, Rosario Gómez, expone la versión de la UMA en la controversia surgida en torno a los fondos Covid que la UMA aportó en pandemia a la Junta y que el consejero de Universidad, José Carlos Gómez Villamandos, negó que se hubiera producido. «Tenemos el documento que lo prueba. Una carta en la que se pedía, en cumplimiento de un acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de 18 de mayo de 2020, que la Universidad de Málaga contribuyese a dotar un fondo de emergencia social y económica en el contexto de la pandemia de 2020 por importe de 36.134.791 euros, con cargo a su remanente de tesorería no afectado positivo». Esto fue, según la gerente, «un recorte en toda regla».
En declaraciones a SUR a principios de este mes, el consejero negó que la Universidad aportara dinero a ese fondo. «Eso no es así. A la Universidad de Málaga no se le quitaron remanentes de tesorería en ningún momento. Lo que pasó es que se les autorizó a gastar algo más de 30 millones de esos remanentes y, en vez de gastar lo autorizado, gastaron más de 120 millones», afirmó entonces con rotundidad Gómez Villamandos.
No obstante, la gerente aclara que la situación económica no se puede achara solo a la aportación al fondo Covid. También se autorizaron casi 55 millones de remanentes de tesorería al plan de inversiones, y fue necesario utilizar otros 10 millones de esos mismos remanentes para incrementos de gastos no previstos en 2021.
La gerente también se pronuncia sobre la autorización de endeudamiento solicitada por el anterior equipo de gobierno a la Junta de Andalucía, por importe de 24,8 millones de euros, para cuadrar las cuentas de 2023 y que fue denegada de manera expresa el 28 de julio de ese año. Entonces debió haberse adoptado el ajuste presupuestario necesario dirigido a reducir el consecuente déficit generado por esa falta de financiación prevista en los presupuestos. Rosario Gómez asegura que «en ningún caso» se intentará de nuevo conseguir ese crédito.
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