Los rectores andaluces piden a la Junta que les permita incrementar el gasto en personal

Los rectores de las diez universidades públicas andaluzas, entre otros el de Málaga, José Ángel Narváez, han firmado un comunicado conjunto en el que reclaman a la Junta de Andalucía medidas concretas que aseguren la adecuada financiación del sistema universitario público andaluz.

Entre las cuestiones que plantean, los rectores piden a la Junta un incremento del límite de gasto de personal autorizado a las universidades al objeto de poder atender, al menos, el crecimiento vegetativo, los compromisos pendientes de los acuerdos de la mesa general de negociación firmados en 2018 y, en su caso, el posible incremento salarial de los empleados públicos.

Por otra parte, consideran que la envolvente financiera prevista para la Financiación Básica Operativa (la que da cobertura a los gastos ordinarios y de funcionamiento de las universidades, es decir, los capítulos I y II de los presupuestos) no debe ser, en ningún caso, inferior al límite de gasto de personal autorizado a las universidades en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2022. «De lo contrario, además de ser una contradicción en sí misma entre el gasto de personal autorizado y los recursos para atenderlos, supondría un retroceso que agravaría aún más la sostenibilidad financiera del sistema», afirman en el comunicado.

Los rectores realizan estas consideraciones «con el único propósito de contribuir lealmente a que dichos Presupuestos (los de 20222) sean el verdadero instrumento de impulso al Sistema Universitario Público Andaluz (SUPA)». Los rectores «reconocemos y agradecemos el esfuerzo e interés de la Consejería con competencia en Universidades y la voluntad política de este gobierno para dotar al SUPA de un instrumento que permita atender sus necesidades de financiación, basado en la mejora continua a través del avance en determinados objetivos y en la rendición de cuentas a la sociedad, principios que compartimos plenamente». Aunque, al mismo tiempo, manifiestan su preocupación por «la incertidumbre e inquietud que genera la ausencia de un compromiso concreto de envolvente económica en general, y para el ejercicio 2022, en particular, dado que el documento aprobado no recoge las bases que permitan a las Universidades públicas de Andalucía realizar una planificación económica, al menos a medio plazo».

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