El Rectorado de la UMA se suma a los estudiantes en su crítica a la ley de Convivencia Universitaria

El Rectorado de la Universidad de Málaga se ha sumado a los estudiantes en su crítica al proyecto de ley de Convivencia Universitaria que, en su trámite parlamentario, ha sufrido modificaciones que hacen recaer en las universidades la regulación de los mecanismos de resolución de conflictos.

Los estudiantes convocaron una huelga este jueves y por la noche un grupo de jóvenes se encerraron en el Rectorado de la UMA. El encierro se levantó cuando consiguieron un compromiso del rector de manifestar públicamente su rechazo a esta norma. Así, en un comunicado público, la Universidad de Málaga, señala que «coincidiendo con la postura manifestada en el mismo sentido por el consejo de estudiantes de esta universidad, quiere trasladar su descontento sobre las enmiendas incorporadas al proyecto de Ley de Convivencia Universitaria, que modifican sustancialmente el espíritu de mediación y convivencia con el que partía dicha ley».

Con las enmiendas incorporadas en su trámite parlamentario, este proyecto de ley «pierde el carácter mediador en la resolución de posibles conflictos en la comunidad universitaria, para asumir un modelo exclusivamente sancionador. Se anulan, de esta forma, las posibilidades que ofrecía el proyecto inicial para abordar de manera democrática problemas de convivencia sin acudir exclusivamente a soluciones meramente punitivas», señala el comunicado del Rector.

Frente al espíritu de mediación como método para la resolución de los conflictos que se produjeran en el seno de la comunidad universitaria del texto inicial, las enmiendas presentadas por diversos grupos parlamentarios eliminarían el espíritu de convivencia del proyecto y «trasladarían a las universidades, en el marco de su autonomía, la posible regulación de mecanismos y procedimientos de resolución de conflictos. Esto impediría el establecimiento de un marco común para todo el Sistema Universitario Español. Por esto, la Universidad de Málaga, en la línea de lo manifestado por la CRUE, entiende que «estas enmiendas deben ser modificadas o retiradas para que la ley se distancie verdaderamente del Régimen Sancionador de 1954 al que está todavía sujeto el Sistema Universitario Español».

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