Los profesores asociados de la Universidad de Málaga retrasan la huelga a la que han sido convocados a nivel nacional para no hacerla coincidir con los exámenes de este primer cuatrimestre, que en muchos centros se están realizando desde hace algunas semanas y en otros ... están empezando. En la asamblea de ayer el colectivo analizó la situación y se propusieron acciones a llevar a cabo. La mayoría de la asamblea aprobó secundar el paro, pero ya desde el segundo cuatrimestre. Se informará a los alumnos de las razones que les llevan a ponerse en huelga y también se planteó una concentración ante el Rectorado, entre otras medidas de protesta.
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La Ley Orgánica del Sistema Universitario (que se encuentra en el Senado, después de haber sido aprobada en en Congreso de los diputados el pasado diciembre) trata, entre otras cuestiones, de reducir la temporalidad en las universidades, convirtiendo sus contratos en indefinidos. Se propone bajar del actual 40% de temporalidad a un 8% como máximo, en un periodo de dos años. Pero el problema es que los profesores que ahora tienen un contrato como asociados deberían volver a concursar para estas mismas plazas que ya están ocupando y que pasarían a tener un carácter indefinido.
En la UMA, el colectivo de profesores asociados está formado (según datos a 31 de diciembre de 2022) por 353 personas, lo que supone el 13% de la plantilla. Otros 134 asociados están contratados mediante el concierto con instituciones sanitarias.
Además, los interinos reclaman el reconocimiento de las horas efectivas de trabajo, al especificar que a cada hora de clase le corresponden cuatro de preparación); la promoción de estos docentes a las categorías superiores a las que esté acreditado; el derecho al cobro de quinquenios y sexenios como las otras figuras contractuales, y el pleno derecho a la participación en la investigación.
El vicerrector de Personal Docente e Investigador, Tomás Cordero, señaló por su parte que la UMA (con un 13%) está muy cerca del máximo pevisto del 8% de asociados para diciembre de 2024, que es lo que fija la nueva ley. «Tenemos dos años y los números no están contra la UMA, podemos estabilizar puestos de trabajo sin que nadie tenga que irse», afirmó.
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