La UMA tendrá que devolver un millón de euros a 55 investigadores por descontarles de sus nóminas la cuota patronal

Asegura que en su día consultaron al ministerio y le trasladaron las dudas que les suscitaba que estas cotizaciones se sufragaran con los fondos de la convocatoria, que en teoría debían ir destinados a pagar los sueldos. «Le hicimos la pregunta explícitamente, incluso, la CRUE (Conferencia de Rectores de las Universidades Españoles) le envió una carta mostrando sus reticencias y la respuesta fue que todo estaba correcto», recuerda Morales.

Sin embargo, el Alto Tribunal ha dado la razón a estos científicos y a los más de 700 repartidos por otras universidades españolas en su disputa con ellas tras saltar la chispa en Valladolid, donde el sindicato CC OO denunció el primer caso. «Nos encontramos con un precepto general según el cual el trabajador no puede asumir a su cargo la cuota patronal de la Seguridad Social», recoge la sentencia, a la que ha tenido acceso SUR.

En la resolución, los magistrados expresan que el importe bruto atribuido a esos trabajadores, «desde luego que debe verse minorado por las retenciones o cuotas que les corresponda para cubrir el objeto de la ayuda. Pero lo que no procede es que el empresario impute a esa retribución –importe de la ayuda– la aportación propia que debe realizar a la Seguridad Social».

La Universidad de Málaga recibió ocho millones de euros de fondos europeos para sufragar este programa, que se desarrolló en dos convocatorias: una en 2021 (14 investigadores María Zambrano y 27 Margarita Salas) y otra en 2022, «con el presupuesto que sobró», que se empleó en contratar a dos 'zambranos' más y a 12 'margarita salas'.

Pero lo que iba a ser un sueldo de 4.000 euros brutos mensuales, quedó reducido a 2.200. Nunca imaginó nada así José Manuel Marín Beloqui (Málaga, 36 años), cuando el 28 de junio de 2021 decidió dejar su trabajo como investigador en la University College of London atraído por un programa promovido aquel año por el entonces ministro Manuel Castell para «fomentar la recualificación del sistema universitario español y promover el desarrollo profesional de su personal docente e investigador» y cuyo requisito principal era que el candidato estuviera investigando en el extranjero. Marín Beloqui llevaba ya diez años fuera de su Málaga natal realizando estancias postdoctorales (seis años en el Imperial College of London y cuatro en la University College of London) cuando supo de esta convocatoria.

Allí tenía reconocimiento y facilidades para investigar, pero la vida en la capital inglesa es «extremadamente cara», lamenta. Cuando apostó por venirse y solicitó acogerse a este programa era «plenamente consciente» de que el trabajo sería temporal. Así lo recogían las bases, pero en su interior siempre albergó la esperanza de que ese «granito de arena» que iba a aportar a la Universidad de Málaga (en ella estudió Química) sirviera para que, cumplidos los dos años de contrato (empezó el 1 de enero de 2022) hubiera una oportunidad laboral.

 Actualmente, es uno de los siete 'zambranos' que todavía se mantiene unido a la UMA, aunque en su caso el vínculo sea tan frágil que puede romperse en cualquier momento. «Tuve la suerte de que en mi departamento hacía falta docencia y salió una plaza de Profesor Sustituto Interino, pero es temporal. Aun así, he tenido suerte, tengo un compañero que ha acabado trabajando en un gimnasio». Su carrera profesional está ahora llena de incertidumbre y teme que el futuro sea «aciago». Pese a todo, no se plantea irse de España de nuevo. En este tiempo ha formado una familia: «Los abuelos no lo llevarían bien», confiesa.

Asegura que han mantenido hasta cuatro reuniones este año con el equipo de gobierno de UMA con vistas a conocer su situación y a intentar buscar salidas para su estabilización. Una de ellas pasaría por sacar nuevas plazas de Ayudante Doctor, «aunque tendría que ser en 2025», avanza Morales, quien admite que a estos investigadores «los tengo en la cabeza». «Mientras tanto, lo ideal sería que pudieran seguir vinculados a sus respectivos departamentos con proyectos en marcha», apunta.

Pero se están encontrando que no están pudiendo liderar proyectos de investigación –cruciales para aumentar sus méritos y así poder optar a más ofertas– porque sus contratos postdoctorales duran menos que los proyectos en sí.

Así pues, la buena predisposición se topa con unas arcas diezmadas que dificultan la financiación de nuevas plazas y, además, con una sentencia firme que les obliga a desembolsar más de un millón de euros. «Pagar vamos a pagar. No sabemos cómo ni cuándo, pero lo haremos. Así nos obliga una sentencia, pero es un problema que no hemos generado nosotros y así se lo hemos trasladado al ministerio, que por el momento no ha respirado».

Sobre este asunto también se ha pronunciado el presidente de la Asociación de Universidades Públicas Andaluzas, el rector Francisco Oliva, quien ha asegurado que la solución debe pasar por que el Gobierno ayude económicamente a las universidades a cumplir la sentencia. «De otra forma nos será imposible pagar», asevera Oliva.