La UMA aprueba una modificación del presupuesto de 2,6 millones para poder pagar las nóminas

De esta manera, el consejo social de la UMA (que tiene entre sus competencias aprobar los presupuestos y controlar la gestión económica) aprobó ayer en una sesión extraordinaria un ajuste presupuestario por importe de 2,6 millones de euros para cuadrar las cuentas y que no peligre el abono de los salarios de los empleados.

«Las nóminas no corren peligro. Ha sido una prioridad del rector, hacer los ajustes necesarios para que los salarios se abonen sin problemas», señala la gerente, en relación a las próximas nóminas, incluida la extra de Navidad.

En el último consejo de gobierno, el pasado 24 de octubre, el representante de Comisiones Obreras preguntó expresamente al rector por esta cuestión de las nóminas. «Es una inquietud que hay entre el personal y así se lo expresé. El rector contestó tajantemente que no habrá problemas», señala Antonio Sánchez, miembro del comité de empresa del Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios (antes PAS) por Comisiones Obreras y del consejo de gobierno de la UMA. Además de que la Junta no ha cumplido su compromiso de devolver el dinero que se puso para el fondo Covid, Antonio Sánchez explica que el actual modelo de financiación de las universidades «es insuficiente, solo cubre el 80% de los gastos de la Universidad, por lo que cada año se va generando un déficit del 20 por ciento».

José Carlos Bustamante, portavoz del sindicato SITUMA, aclara que el ajuste presupuestario «no es nada nuevo» y denuncia los intentos interesados de «crear alarma entre los trabajadores lanzando estas dudas sobre el pago de las nóminas». Además, lamenta que la Junta no haya autorizado a la UMA a endeudarse para poder terminar el ejercicio sin problemas económicos.

En este mismo sentido, la gerente apunta que la liquidación del presupuesto de 2022 arrojó un déficit (remanente de tesorería negativo) de 2,6 millones de euros, y que en aplicación de la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) hay que reducir el presupuesto en esa misma cantidad y contar con la aprobación del consejo social, que es lo que se hizo ayer miércoles.

Previamente, el martes, la Gerencia había presentado un plan de adecuación presupuestaria, en la comisión económico-financiera del consejo, que es lo que ayer se aprobó con el consenso de los miembros del consejo social.

El presidente del consejo social, Antonio Urda, indicó que se ha aprobado la viabilidad del plan de ajuste presentado y confía en que desde la Junta llegue la financiación suficiente para sacar adelante las inversiones previstas. «Ahora, lo más urgente era asegurar el pago de las nóminas, y esto es lo que persigue la modificación presupuestaria aprobada», afirmó.

El ajuste ha consistido en dejar para el año próximo algunas inversiones previstas en el presupuesto de 2023, como la contratación de nuevo software, o la suspensión de obras, como las islas verdes con una inversión que estaba incluida en los presupuestos de este ejercicio y otras inversiones que no se han considerado prioritarias. Además, como la UMA cuenta con tesorería, este año ha comenzado a recibir intereses por el dinero de sus cuentas bancarias, que también se ha incluido en este ajuste presupuestario, ha explicado la gerente.

Con los ahorros de años anteriores la Universidad acometió un ambicioso plan de infraestructuras, que fue aprobado por la Junta. Pero llegó la pandemia y la Administración autonómica reclamó ese dinero para el fondo de emergencia por la pandemia. Había universidades que no tenían fondos, y a a la UMA se le reclamó todo el dinero, entre las partidas de varios años (remanentes de tesorería no afectados) unos 70 millones de euros. Y al mismo tiempo la Consejería de Universidad (dirigida entonces por Rogelio Velasco) animó a construir, con un compromiso de 34 millones de inversión extraordinaria en dos años que no se ha hecho realidad.

Esto ha puesto a la Universidad en una situación muy delicada: Las obras del bulevar están paralizadas; el nuevo edificio del Rectorado terminado hace ya más de dos años y sin poder equiparlo porque hacen falta 5 millones; las obras de la nueva Facultad de Turismo con dificultades por modificaciones presupuestarias que incrementan su coste en otros 4,6 millones son solo algunos ejemplos que ponen en evidencia las dificultades económicas que atraviesa la Universidad.