La Junta no autoriza a la Universidad a impartir tres ciclos de FP que ya había ofertado

Como catedrático de Derecho Administrativo, no alcanza a comprender lo sucedido: «hemos cumplido todos los pasos, se ha hecho el procedimiento de una manera escrupulosa, hemos atendido todos los requerimientos, pero lo que no se puede entender es que te devuelvan todo un expediente porque no va el nombre de la calle». Se refiera al aulario López de Peñalver, que está en el campus de Teatinos, donde se iba a impartir esta formación y suficientemente conocido.

La cuestión es más surrealista si se tiene en cuenta que la UMA ya había solicitado y realizado todos estos trámites administrativos para acreditarse para el curso pasado, cuando se ofertó el ciclo Superior de Guía Turístico. Es el mismo edificio, las mismas instalaciones y la misma dirección. Pero se han tenido que realizar de nuevo todos los trámites administrativos, más nuevos informes sobre las mismas instalaciones y nuevas inspecciones para que Educación certificara que se ajustaban a la normativa, los mismos informes que ya se realizaron con anterioridad.

El caso es que la UMA «ha realizado un desembolso importante, en tiempos en los que no anda sobrada de dinero» y los estudiantes destinatarios de esta oferta habían mostrado interés por los ciclos de este catálogo de la UMA. «Teníamos un número de reservas de matrícula muy alto», señala Diego Vera.

Los ciclos de grado Superior que había preparado la Fundación General son los de Comercio Internacional, Integración Social y Márketing y Publicidad. También tenían ya autorizado para el curso pasado el título Superior en Guía, información y asistencias turisticas.

Con la acreditación conseguido el año pasado la Fundación General consideró que el trámite administrativo sería más rápido: ya se habían inspeccionado las instalaciones, que son las mismas para estos nuevos ciclos, el aulario López de Peñalver. «De esta manera, hacemos publicidad de la oferta, seleccionamos a los profesores y se hacen obras para las nuevas aulas», explica Vera. En febrero se solicitó la acreditación de los nuevos títulos, en marzo se les exige un cronograma sobre aulas, baños, etc. y en julio parece que se cierra el expediente. «De hecho, nos dijeron desde Sevilla que comenzáramos a cobrar matrículas, que esto estaba resuelto», apunta el director de la Fundación General. Pero el 31 de agosto reciben el expediente devuelto, porque faltaba la dirección concreta del aulario. Incluso a principios de septiembre vuelven a llamarlos de Sevilla para indicarles que todos los expedientes tienen que pasar un nuevo informe de adecuación de las instalaciones de la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE) para conseguir la acreditación. Unas instalaciones que, por otra parte, ya estaban inspeccionadas para la acreditación del primer título previsto.

«Hemos esperado todo lo posible, pero ya llegó un momento en que vimos inviable continuar con este procedimiento abierto y, pensando sobre todo en causar el menor perjuicio a los alumnos, hemos desistido finalmente de ofertar estos títulos en este curso académico», indica Diego Vera.

Entre tanto, la Fundación General de la UMA sigue adelante con sus programas formativos, formación profesional para el empleo que «está teniendo mucha aceptación, con cursos completos y con listas de espera», apunta su director. Uno es de Diseño técnico y funcional de software y de Creación, programación y diseño de páginas web dinámicas. Para el mes de noviembre hay otros dos programados, pero ya con las plazas completas: Gestión de los datos de los ensayos clínicos y Modelado básico de BIM en proyectos de edificación con Revit. También se imparte formación que conduce a la obtención de certificados de profesionalidad, en áreas como el turismo o la informática.

Fuentes de Educación explicaron que la Universidad de Málaga fue acreditada para impartir un ciclo de FP el curso pasado, aunque finalmente no llegó a ofertarse. Para este curso se ha exigido un nuevo proyecto, al solicitar la UMA nuevos ciclos. También confirman que desde la Agencia Pública de Educación se ha visto la necesidad de un informe técnico sobre las instalaciones.