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Las deudas comienzan a asediar a la Universidad de Málaga (UMA). La constructora Acciona le reclama más de 26 millones de euros por la obra de la nueva Facultad de Turismo. El asunto ya está en los juzgados después de que la empresa haya solicitado ... un embargo como medida cautelar ante los impagos de la Universidad, además de una compensación por daños y perjuicios. Fuentes consultadas por este periódico especifican que la deuda se prolonga desde el año pasado, en plena crisis económica de la UMA.
Por ahora hay dos procedimientos judiciales abiertos por sendas demandas interpuestas por Acciona: una por impagos y otra por daños y perjuicios. De momento, el primer caso se ha saldado con una resolución del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Málaga que revela impagos de hasta nueve certificaciones de obra por valor de 11,5 millones, a los que hay que sumar los intereses devengados durante estos meses. Es una cantidad desactualizada según explica la parte demandante, que recuerda que desde junio del año pasado no ha recibido ni un solo pago por parte de la UMA. Esta resolución aún puede ser recurrida por la Universidad.
Desde la UMA, de hecho, aseguran que la reclamación «es un trámite» y explican que las principales discrepancias residen en el cálculo de los intereses, además de adelantar que hoy mismo presentarán alegaciones a la petición de medidas cautelares, dentro del plazo establecido por el juzgado. Fuentes de la institución académica inciden en que están «en plenas negociaciones» sobre el importe adeudado y recuerdan que la paralización de las obras de la Facultad de Turismo «ya ha sido noticia».
Las obras de esta facultad se adjudicaron en enero de 2021 con un presupuesto inicial de 18,9 millones de euros, lo que suponía una rebaja del 16,2 por ciento respecto al valor de licitación. Pero, con el tiempo, este edificio ha acabado saliendo mucho más caro de lo esperado por la UMA. Los impagos han provocado varios parones en la obra, cuyo proyecto llegó a modificarse hasta ampliar su presupuesto por valor de 4,6 millones de euros, cifra que eleva el valor final a unos 27 millones.
Acciona inició hace meses dos procedimientos judiciales, uno por inactividad administrativa y otra por daños y perjuicios. La inactividad administrativa se produce cuando una institución pública incumple sus obligaciones hasta ser impugnable ante el orden contencioso-administrativo. Los daños y perjuicios, en este caso, son justificados por Acciona por el bloqueo de material, maquinaria y personal generado por los parones en la obra, que debería haber concluido en 2022 y se ha prolongado hasta ahora. En concreto, la empresa solicita 4,4 millones de euros en concepto de incremento de los costes indirectos y gastos generales calculados hasta el 1 de marzo de 2024, cantidad que habría aumentado ya al menos hasta los seis millones al haber pasado más de siete meses desde la interposición de la demanda y a la que habría que sumar los intereses devengados. Ahora, y en este punto coinciden tanto la constructora como la UMA, el estado de ejecución de los trabajos ya supera el 95 por ciento, aunque aún no han finalizado y por tanto el edificio no ha sido inaugurado ni ha podido ser utilizado este curso.
La UMA atraviesa una situación económica crítica y está a la espera de un plan de ayudas de la Junta de Andalucía. Con un déficit reconocido que el año pasado superó los 27 millones de euros, el nuevo equipo de gobierno está obligado a aplicar medidas drásticas de ahorro que ya afectan a todas las facultades. El análisis detallado de las cuentas de la universidad, como adelantó este periódico la semana pasada, arroja graves problemas en su tesorería: desde 2019 hasta el año pasado, la UMA gastó más de setenta millones de euros sin autorización de la Junta. Este importe corresponde al remanente de tesorería no afectado (RTNA). El remanente es la cantidad de dinero que queda en la tesorería cada año después de pagar todos sus gastos e inversiones.
El Ejecutivo de Juanma Moreno reclamó «la puesta en marcha de medidas preventivas» y llegó a recordar «las consecuencias» contempladas en la ley en caso de no hacer algo al respecto.
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