El consejero de Universidad apremia a la UMA a que apruebe un plan para reducir gastos

El consejero descarta al mismo tiempo una ayuda específica desde la Junta para que la UMA supere esta difícil situación económica. «Tal como está el sistema universitario andaluz, si damos dinero a una universidad por haber realizado un ajuste presupuestario propio, le estaríamos quitando al resto, y esto es algo que no se puede hacer. Tiene que ser la propia universidad la que haga ese plan de ajuste, sabiendo que va a contar con total colaboración por nuestra parte para su ejecución y teniendo en cuenta también que ese plan no signifique una merma en su actividad», asegura Gómez Villamandos.

El anterior equipo de gobierno, liderado por José Ángel Narváez, responsabilizó a la Junta de esta delicada situación económica al reclamar gran parte de sus ahorros o remanentes de tesorería para el fondo de emergencia social para hacer frente a la pandemia, con más de 36 millones aportados por la UMA. Algo que ahora, por primera vez, se niega desde la Consejería de Universidad. «Eso no es así. A la Universidad de Málaga no se le quitaron remanentes de tesorería en ningún momento. Lo que pasó es que se les autorizó a gastar algo más de 30 millones de esos remanentes y, en vez de gastar lo autorizado, gastaron más de 120 millones», afirma con rotundidad Gómez Villamandos.

Ya en agosto del año pasado, el ex rector advertía de la delicada situación económica de la UMA y pedía a la Junta un plan de inversión extraordinario o autorización para que la UMA pudiera endeudarse. Algo que se descartó desde la Administración autonómica. De esta manera, antes de que finalizara el año el consejo de gobierno de la UMA se vio obligado a aprobar una modificación presupuestaria de 2,6 millones para poder pagar las nóminas de los últimos meses del año. El anterior rector acordó también prorrogar los presupuestos de 2023, para que fuera el nuevo equipo el que diseñe ya sus propias cuentas, algo en lo que está trabajando la nueva gerente, Rosario Gómez.

Sobre el nuevo modelo de financiación de las universidades andaluzas, el consejero asegura que «está prácticamente cerrado» y solo falta por concretar con los rectores los criterios de los denominados contratos programa, que este año se utilizarán por primera vez y que suponen mejorar la financiación básica en función de objetivos o resultados de investigación. Lo que los rectores ya conocen es «la cantidad mínima con la que van a contar, y lo que tenemos que acordar es ese margen de incremento». De todas maneras, el consejero confía en que «este mes de febrero sea el último en el que tengamos que estar hablando de dinero y que nos pongamos a hablar de lo que realmente es importante, de la actividad de las universidades, de la investigación y la docencia y de cómo esto va a repercutir en nuestra sociedad».

Por otra parte, la Consejería de Universidades presentó la semana pasada a los rectores andaluces un primer borrador de la nueva ley universitaria para Andalucía. Según el consejero, se trata de una ley con la que «queremos dar a las universidades herramientas y opciones para que puedan elegir entre su modelo de gobernanza, en las estructuras universitarias que puedan tener y abrir un abanico de posibilidades para que ellas, en el ámbito de su autonomía y sabiendo que hay un objetivo común como es mejorar Andalucía a través de sus universidades, lo puedan conseguir». Según Gómez Villamandos, será una ley «basaba en el consenso y con el objetivo de perdurar en el tiempo, que no pase como con la ley estatal, en la que el Gobierno ya está planteando cambiar los plazos o cómo se aplica».