Propietarios de pisos turísticos en Málaga exigen al Ayuntamiento una regulación consensuada

El primer paso dado por el Ayuntamiento de Málaga para regular las viviendas turísticas en la ciudad cuenta con el respaldo de la mayoría de los grupos municipales y también de la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía (AVVA), cuyo presidente, Carlos Pérez-Lanzac, exigió al Consistorio ser parte activa de este proceso para que todo se lleve a cabo con el consenso de las partes. «Los ayuntamientos tienen muy limitadas las actuaciones. Prácticamente les queda actuar sobre el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y hacerlo sin perder la tipología de viviendas», precisó Pérez-Lanzac. El presidente de AVVA consideró que tal y como se ha planteado en el Ayuntamiento de Málaga «puede ser positiva para normalizar la situación». Eso sí, instó a la corporación a contar con la asociación en el desarrollo de estas modificaciones, que consideró que «no deben acarrear ninguna moratoria». En este sentido, Pérez-Lanzac recordó que en cualquier normativa la administración tiene que considerar tres criterios claves: la necesidad de esta forma de alojamiento, la proporcionalidad y el mercado. «Es un asunto complejo y esperamos ser parte activa del proceso», precisó.

En la capital son más de 4.000 las viviendas destinadas al alquiler turístico, que ofrecen más de 21.000 plazas, lo que supone el doble de las hoteleras y de las que estaban registradas en Turismo un año antes.

De los grupos de la oposición, PSOE e IU-Málaga para la Gente están a favor de la propuesta. El portavoz del PSOE, Daniel Pérez, expuso que su grupo ya avisó meses atrás la necesidad de «demarcar tipológicamente cada vivienda para poder regular eficazmente las turísticas». Respecto a la modificación del PGOU que plantea el equipo de gobierno, apuntó que le parece «acertada siempre y cuando no se quede exclusivamente en una catalogación», sino que también sirva para limitar de algún modo la presencia de este tipo de alojamientos para mejorar «la convivencia y habitabilidad en determinadas zonas, ya que no podemos permitir un crecimiento infinito de estas viviendas». Asimismo, Pérez apostó por «examinar su tributación».

El portavoz de IU-Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, también mostró su apoyo a la medida que baraja el equipo de gobierno aunque remarcó que es una iniciativa «positiva pero no suficiente porque hace falta la colaboración de la Junta para que se incremente la inspección sobre este tipo de alojamientos». Zorrilla apuntó que Málaga va a emprender esta vía después de que «otros ayuntamientos nos hayan tomado la delantera». Asimismo, propuso incrementar la presión fiscal a los alquileres no dedicados a la vivienda permanente, y bonificar los casos contrarios.

Por su parte, desde el equipo de gobierno, su portavoz, el edil Carlos Conde, justificó la iniciativa para «avanzar mediante el PGOU en herramientas» que permitan establecer en un futuro inmediato una regulación de estos alojamientos, que está igualmente pendiente de una reforma legislativa a nivel estatal. Conde definió la fórmula como un modo de explorar si existe «alguna vía jurídica para anticiparnos» a esa reforma legal. No obstante, aseguró que el proceso se hará «con diálogo» y respondiendo a los informes que emitan otras administraciones al respecto.

En cambio, mostró sus dudas sobre esta cuestión la portavoz de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo, quien recordó que existen estudios del Observatorio de Medio Ambiente Urbano que aconsejan utilizar las herramientas que ofrece actualmente el PGOU para prohibir la implantación de nuevas viviendas turísticas en función de cada zona. «No sé en qué sentido puede ayudar la modificación del Plan General, creemos que no va a cambiar nada porque no va a poder frenar lo que ya está ocupado», expuso Torralbo.

Por su lado, el concejal de Ciudadanos, Alejandro Carballo, aplazó su posición respecto a la reforma del PGOU hasta conocer su contenido, y recordó que su partido defiende ante todo la necesidad de una «regulación estatal para que cada ayuntamiento no vaya por libre».

El presidente de la Asociación de Estudios Urbanísticos y Territoriales Teatinos, Vicente Seguí, opinó que «un Plan General no puede resolver todos los problemas de los ciudadanos», y se mostró partidario de abordar los efectos nocivos que pueda provocar el 'boom' de estos pisos a través de ordenanzas municipales. «La solución no está en el PGOU, es como matar moscas a cañonazos», añadió.