Las plazas de pisos alquilados a turistas se duplican en Málaga capital en el último año

El fenómeno del alquiler vacacional crece en la capital de la Costa del Sol a mayor ritmo que en el conjunto del litoral. Las cifras hablan por sí solas de la evolución frenética de esta oferta en la ciudad. En el último año, el volumen de inmuebles destinados a arrendamiento turístico y de plazas para alojar a los visitantes se ha duplicado. Si en octubre del pasado año el dato de que esta nueva forma de alojamiento conseguía arrebatar la hegemonía a los hoteles al ofrecer 11.856 plazas inscritas en el Registro de Turismo de Andalucía (RTA) saltaba a los titulares, doce meses después la noticia está en que este cifra se ha doblado. En la actualidad operan como alojamiento turístico más de 4.100 inmuebles en la ciudad, frente a los 2.300 de octubre de 2017, que suman más de 21.000 plazas.

Una velocidad de vértigo en su crecimiento, si se tiene en cuenta que en el mismo periodo en el conjunto de la provincia se han pasado de 15.400 pisos turísticos, con 80.872 camas, a más de 25.000 viviendas en las que hospedar a casi 130.000 viajeros.

Es precisamente esta evolución la que ha llevado al Gobierno a tomar, por primera vez, en consideración la necesidad de actuar y establecer una norma marco en la que se establezca una única definición de vivienda turística, en un momento en que cada comunidad determina de diferente manera esta forma de alojamiento. El documento del Ejecutivo, que contempla cambios en la Ley de arrendamientos Urbanos y en la de Propiedad Horizontal, pretende también dotar a las autonomías, ayuntamientos e, incluso, a las comunidades de vecinos de herramientas con las que actuar. La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, avanzó días atrás que el primer borrador de esta normativa estará listo antes de final de año, apuntando que se trata de un asunto complicado porque hay muchas sensibilidades distintas en cuanto a lo que piden, por un lado, las plataformas y, por otro, los vecinos y otras asociaciones, que demandan incluso que se restrinja la vivienda turística.

El objetivo de esta norma es poner coto a la oferta ilegal, apostando por crear un registro único de alquiler vacacional, tras determinar la conferencia sectorial de julio que el alquiler vacacional era un tema prioritario. En septiembre se activó por primera vez un grupo de trabajo con los distintos operadores, vecinos, comunidades autónomas y las propias plataformas, como Airbnb o HomeAway.