La patronal hotelera, CC OO y UGT se unen para pedir al Gobierno medidas como ampliar los ERTEs seis meses

«Se entiende que la Administración Pública deberá tener en cuenta esta circunstancia a la hora de tramitar los ERTE, con los efectos de exención de cuotas empresariales a la Seguridad Social y de protección específica por desempleo a las personas trabajadoras que vean suspendidos temporalmente sus contratos o reducidas sus jornadas», precisan en el documento conjunto.

En el mismo, los agentes sociales hacen un llamamiento al Ejecutivo estatal para que garantice una protección por desempleo para las personas trabajadoras en situación de ERTE, incluidos los contratos fijos discontinuos, mediante prestaciones y ayudas públicas suficientes, sin exigencia de carencia, y la reposición de las prestaciones que pudieran consumirse durante la situación legal de desempleo temporal.

Pero además instan al Gobierno a que «las personas trabajadoras afectadas por ERTE perciban en la fecha estipulada en sus convenios colectivos el importe total de la paga extraordinaria de verano correspondiente. Por su parte, para paliar los efectos del ERTE en la renta inmediata de los empleados, se acuerda que las empresas abonen, a quienes lo soliciten, el adelanto de la referida paga extraordinaria completa antes de su vencimiento».

En el paquete de medidas para garantizar la supervivencia del sector que es parte principal del músculo de la industria turística, también piden protección para los empleados fijos discontinuos, los que aportan su profesionalidad en los momentos álgidos. Para ello, en este documento han acordado que «se comprometen a que los trabajadores con esta modalidad contractual serán llamados por las empresas en la fecha que inicialmente estaba prevista y posteriormente se las incluirá en el correspondiente ERTE, como al resto de la plantilla».

Además, consideran que se hace imprescindible que «mediante regulación legislativa, se establezca un periodo de doce meses de carencia en las amortizaciones de capital en aquellas operaciones financieras que apalancan la actividad». Esta medida permitirá a las empresas pagar durante dicho plazo únicamente las cantidades relativas a los intereses de dichas operaciones, devolviendo el capital de estas mediante la ampliación de esos meses en el vencimiento inicial de las operaciones. «Esto tendría que ir aparejado a una exención en la imposición en cuanto a los actos jurídicos documentados en estas novaciones y la implantación de unos aranceles máximos tanto notariales como registrales», precisan.

Ya pensando en la reanudación de la actividad, cuando ésta sea posible, también han fijado algunas pautas para esta vuelta al trabajo. Así, recogen que «las empresas desplegarán todos los medios preventivos que garanticen en todo momento la seguridad y salud de los trabajadores, así como de los clientes, evitando cualquier riesgo de contagio de la Covid-19. A tal efecto proveerán de equipos de protección individual homologados y aplicarán las medidas de contención fijadas por las autoridades sanitarias, en cuya instauración se está trabajando». En caso de reapertura paulatina, se contempla en el documento que «las empresas no recurrirán a trabajo temporal o contratos de duración determinada hasta el reingreso de la totalidad de la plantilla afectada por el ERTE por fuerza mayor».