Las nuevas medidas frenan la inscripción de pisos turísticos en Málaga capital

En un seguimiento a los datos del Registro de Turismo de Andalucía desde el pasado 29 de enero hasta este martes, la estadística ha ido mostrando cómo las inscripciones en la capital se frenaban, aunque el saldo seguía siendo positivo, frente a un ritmo de crecimiento constante en la provincia. Sin embargo, en el informe que muestra este martes dicho registro se constata por primera vez un descenso, aunque prácticamente testimonial. Los datos del inicio de la muestra cifraban en 13.308 las viviendas de uso turístico inscritas en la capital de la Costa del Sol. A punto de cumplirse un mes desde el inicio del seguimiento, el último dato con fecha de este martes por la mañana, el volumen de inmuebles de alquiler vacacional en la ciudad era de 13.305.

Un primer saldo negativo que el presidente de la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía (AVVA-Pro), Juan Cubo, justifica en las limitaciones impuestas por el Ayuntamiento de Málaga en dicha modificación del PGOU al que se suma la instrucción anterior de permitir únicamente viviendas turísticas que tengan acceso y servicios básicos de luz y agua independiente. «El frenazo en las inscripciones en la ciudad de Málaga está claramente vinculado a las últimas prohibiciones», señala, para advertir que esta situación adquiere mayor dimensión si se tiene en cuenta que el conjunto de la provincia está asistiendo a un 'efecto llamada' de numerosos propietarios que están dando de alta sus inmuebles en el Registro de Turismo aunque no tienen planes a corto plazo de comercializarlos para eludir la medida que considera que «va a suponer el verdadero freno a esta actividad en el conjunto del país». De hecho, los datos de la Junta confirman que en la provincia el volumen de inmuebles de alquiler vacacional sigue imparable, pasando de 81.179 el pasado 29 de enero a 81.902 este martes.

Cubo explica que a partir del próximo 3 de abril entra en vigor una modificación que ha hecho el Gobierno de la Ley de la Propiedad Horizontal en la que por defecto cualquier propietario con un inmueble en una comunidad de vecinos no puede darla de alta como vivienda turística. Para ello necesitará de una autorización expresa e individual de las tres quintas partes de la junta de vecinos. En la actualidad, por defecto, si no existe una prohibición expresa y global de la comunidad, se pueden inscribir como inmuebles de alquiler vacacional quedando al margen de cualquier otra decisión posterior al no estar contemplado el carácter retroactivo. De ahí, que numerosos gestores de esta actividad estén informando a los propietarios de una modificación que Cubo asegura que «supone que los ayuntamientos y las autonomías han perdido sus competencias en esta materia. Esta modificación sí que va a hacer mella en el sector del alquiler vacacional. Más que cualquier otra prohibición municipal».

Consultores especializados en esta actividad advierten de que esta nueva medida no afecta a las viviendas ya operativas, pero recuerdan que «aquellas sin licencia deberán obtenerla antes de esa fecha para evitar depender del permiso comunitario». Es más, apuntan que Andalucía es la comunidad autónoma con más viviendas turísticas y Málaga es la provincia con mayor concentración de este tipo de alojamientos y aseguran que «a nivel global hay una avalancha de inscripciones» para salvar este nuevo escollo. Una circunstancia que no se deja sentir en la capital al primar ya las prohibiciones municipales.

Frente a ello, se suma como factor que ha podido tener repercusión en este primer saldo negativo de viviendas de uso turístico inscritas en la capital en el Registro de Andalucía el hecho de que la Junta de Andalucía ha iniciado ya el proceso para dar de baja a los inmuebles del listado municipal de casi 1.500 viviendas que se habían inscrito desde la aprobación de la nueva norma andaluza hasta la puesta en marcha de la instrucción que las limitaba a bajos y casas independientes. Desde la Consejería de Turismo aseguran que se han dado ya 500 bajas, que corresponden con inmuebles cuyos propietarios no han presentado recurso alguno. El resto avanzan en unos trámites que se pueden prolongar varios meses dado que la norma es muy garantista en tanto a dar seguridad jurídica al propietario.

Y mientras tanto, el nuevo decreto de medidas urgentes de la vivienda, aprobado el pasado lunes en Consejo de Gobierno, incorpora una disposición en la que se recogen nuevas actuaciones que vienen a avalar las decisiones de los ayuntamientos en cuanto a la limitación de esta actividad y ante posibles recursos. Se trata de fijar un mayor rigor jurídico siempre que se den razones de interés general.