Hoteleros denuncian que el Gobierno da la espalda a la Costa en el decreto de medidas por la quiebra de Thomas Cook

Los hoteleros de la Costa del Sol han pasado de la preocupación al enfado. La Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa (Aehcos) ha denunciado públicamente que el Gobierno da la espalda a este destino, así como al conjunto de Andalucía, en el decreto de medidas para paliar el impacto de la quiebra de Thomas Cook. Además critican que la ministra en funciones de Turismo, Reyes Maroto, cancelara el pasado jueves una reunión prevista para hoy, que tenía convocada desde hace más de un mes, con los hoteleros andaluces, con Aehcos al frente, cuyo objetivo era constituir una mesa de trabajo y analizar los nuevos pliegos del programa social Imserso. Unos viajes que ayer comenzaron a venderse en las agencias malagueñas con total normalidad y con las clásicas colas de primera hora de la mañana, que cada vez son menores por el nuevo sistema de inscripción 'on line'.

Los hoteleros aseguran que tras una primera queja, Maroto aseguró en el Consejo Español de Turismo que las 13 medidas contempladas en el real decreto de ayudas eran para todos los destinos españoles afectados por la caída de Thomas Cook. Sin embargo, la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) deja claro que varias de las iniciativas claves excluyen a Andalucía y priman a Canarias y Baleares. «El sábado día 12 de octubre se publicaban en el BOE las medidas aprobadas, y tal como se temía el sector »nos han vuelto a dar la espalda«, afirman desde Aehcos.

La medida que ha generado más indignación, porque ha sido reclamada de forma insistente por estos empresarios, la del artículo 2, contempla la bonificación con el 50% los costes de seguridad social de los empleados fijos discontinuos durante los meses de octubre y diciembre de 2019 y febrero y marzo 2020, solo a las empresas de Canarias y Baleares.

También consideran una discriminación el artículo 5, mediante el que otorgan subvenciones directas a las comunidades de Canarias y Baleares por un importe de 15 millones de euros y ocho millones de euros respectivamente.

Además, se muestran preocupados porque «en el artículo 4 se recogen unas líneas de financiación de 200 millones de euros, sin mencionar las comunidades autonómicas, que será decidido por políticos», señalan.