El Gobierno señala al registro único de pisos turísticos como garantía fiscal y de seguridad

La nueva norma de estatal de viviendas turísticas entra en su cuenta atrás. La idea del ministerio es poder tener un borrador para presentar al final de año. Así lo consideró ayer la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, que defendió que estos pisos de alquiler vacacional deben integrarse en la oferta regulada, porque muchos viajeros las demandan, pero tienen que cumplir todas las condiciones que ahora mismo, en la ilegalidad, no se pueden garantizar.

Maroto recordó que, en septiembre pasado, después de que la conferencia sectorial de julio determinara que era un tema prioritario, se creó el grupo de trabajo al respecto, que «va bien», y se está aportando documentación de los distintos operadores y componentes que son muchos, porque están los vecinos, las comunidades autónomas y las propias plataformas (como Airbnb o HomeAway). La ministra confirmó que el objetivo es presentar este primer borrador al final de año, «junto con un trabajo que estamos haciendo a la par, pero que incorporaremos también para su discusión de lo que puede ser una regulación del registro único de las viviendas», explicó a los periodistas tras inaugurar la segunda jornada del evento «Wings of change», organizado por la IATA. En su opinión, el registro único, sin duda, va a permitir no sólo tener el control en cuanto a la legalización de las viviendas que hay, sino también garantizar la seguridad, la fiscalidad de las mismas y toda la parte que tiene que ver con la calidad de la oferta turística e integrarla dentro de la regulada.

Maroto indicó que, por tanto, «avanzamos en paralelo y los trabajos van bien, pero es un tema complicado porque hay muchas sensibilidades distintas en cuanto a lo que nos piden, por un lado, las plataformas y, por otro, los vecinos y otras asociaciones, que demandan incluso que se restrinja la vivienda turística»

La ministra explicó que la ilegalidad en la que se mueve gran parte de viviendas turísticas ha llevado a que se plantee un escenario de regulación, en el que, dando preferencia a las necesidades de los visitantes que demandan este tipo de alojamiento, dicha oferta cumpla todas las condiciones de seguridad, calidad o fiscalidad.

Maroto detalló que se aprobó ya una fiscalidad y «empezamos a tener los primeros datos del modelo 179 (que facilita una fiscalidad transparente), que estamos revisando porque tiene problemas a la hora de la implementación. Según la ministra, cualquier plataforma y servicio que se de en la denominada economía colaborativa «tiene que estar dentro de lo que es la fiscalidad del siglo XXI». Se está trabajando también con el nuevo impuesto de los servicios digitales y como el de viviendas de uso turístico lo es, «tenemos que acomodarlo a la fiscalidad obligada porque la oferta regulada paga correspondientemente sus impuestos».

Hay una serie de servicios que se dan a través de la red y que están ahora mismo al margen de la fiscalidad, por lo que Maroto cree que es «un avance importante». Maroto recordó que ya el anterior gobierno aprobó una medida transitoria, que se está revisando para que se adapte realmente a una fiscalidad del siglo XXI que responda también a las obligaciones que tienen las plataformas y la vivienda turística de pagar sus impuestos como lo hace la oferta regulada y cualquier ciudadano que alquila su vivienda para otro uso.