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Francisco Gutiérrez
Martes, 17 de noviembre 2015, 00:43
El peor de los escenarios posibles, en el que ni trabajadores ni alumnos querían pensar, finalmente se ha producido. Por un problema administrativo quedan fuera del SAE, que ha sido la solución que la Junta ha buscado para dar continuidad a los diez consorcios de formación de Andalucía. Algunos de estos trabajadores ya están dados de alta en la Seguridad Social.
Para justificar lo que algunos considera «injustificable» y «un castigo a La Cónsula y La Fonda», los únicos centros de formación que están abiertos e impartiendo su formación, la Consejería de Empleo y el SAE han tenido que echar la vista atrás en busca de responsables. Y los han encontrado en las anteriores titulares de ambos consorcios, la ex viceconsejera de Educación, Montserrat Reyes, y la delegada de Educación, Patricia Alba. Presidían los consejos rectores de La Cónsula y La Fonda, respectivamente. Según la nota enviada anoche por la Delegación del Gobierno andaluz, en los acuerdos de los respectivos consejos rectores no consta «de manera explícita» la cesión de activos y pasivos al SAE. Y esta es la razón que se esgrime para paralizar la integración de las escuelas de Málaga y dejar a sus trabajadores con sus expectativas frustradas.
Para el día de ayer estaba prevista la celebración de los consejos rectores de ambas escuelas para aprobar el trámite que se les exigía y que en teoría había retrasado su integración, un documento que certificara el acuerdo de cesión global al SAE. Pero en vez de este consejo rector lo que tuvo lugar fue una reunión de representantes de la Consejería de Empleo con el delegado del Gobierno de la Junta en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, presidente a la vez del consejo rector de La Cónsula; la delegada de Economía y Empleo, Francisca Montiel Torres, que preside el consejo rector de La Fonda; el director general de Formación para el Empleo, Manuel García, y los liquidadores de ambos consorcios. En esta reunión, según la nota enviada por la Delegación del Gobierno, «se ha puesto de manifiesto la imposibilidad de materializar la integración» por la vía de la disposición transitoria única del Decreto-Ley 5/2015, aprobado por la Junta para facilitar la integración de los consorcios en el SAE.
Y se recurre a un problema administrativo, que permite además distintas interpretaciones, cuando en las actas de los consejos rectores de La Cónsula y La Fonda «no se llega a aprobar explícitamente la cesión global de activos y pasivos en favor de la Agencia de Educación y Formación, sino que se pospone dicho acuerdo para futuras decisiones a adoptar en el proceso de liquidación».
En este punto, las escuelas de Málaga y Benalmádena deberán continuar con el balance de liquidación, tal como estaba previsto. Algo que no pueden culminar los liquidadores ya que la Junta no ha puesto el dinero que tenía que abonar a La Cónsula y La Fonda para el presupuesto ordinario. Es decir, la Junta exige el balance de liquidación que no se puede terminar porque no ha puesto el dinero que debía aportar.
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