La quema del Palacio Episcopal de Málaga

A las cuatro de la tarde de aquel lunes 11 de mayo de 1931 las hermanas de la Cruz cerraron a cal y canto las puertas del Palacio Episcopal. De Madrid llegaban alarmantes noticias. Los vecinos padres agustinos acababan de evacuar el internado del colegio, enviando a los alumnos a casa de amigos y conocidos. El obispo Manuel González había estado aquella tarde en el Seminario. El gobernador civil, Antonio Jaén Morente, de viaje a Madrid, se comunicó por teléfono con don Manuel, para tranquilizarlo y hasta por seis veces le aseguró que nada iba a suceder. Además, iba a mandar a las fuerzas del orden a custodiar el Palacio Episcopal.

Sobre las once de la noche dos señoras llamaron a la puerta del palacio para tratar de llevarse con ellas al señor obispo, pero unos jóvenes que se hallaban por allí les aseguraron que este había salido con sus familiares y las religiosas en torno a las ocho de la tarde. Este hecho es una de las muchas pruebas que demuestran que el episodio de la quema de conventos fue un acto organizado. Muchos malagueños pensaron que las turbas rodearon y quemaron el Palacio Episcopal con la intención de asesinar al obispo sorprendiéndolo dentro. Un oficial encontró en los alrededores de la catedral cinco bidones de gasolina.

Para contarles el desarrollo de los hechos me he basado en el testimonio de un periodista de El Cronista, Juan Escolar García, testigo de la tragedia, y en las investigaciones que realizó José Jiménez Guerrero. El asalto comenzó pasada la medianoche. Los amotinados sacaron de la cochera el automóvil del señor obispo y lo quemaron en la plaza, «en medio del jolgorio general». Luego arrancaron una farola y la utilizaron como ariete para tratar de romper la puerta principal. Cuando lo consiguieron, una turba penetró en el edificio para saquear, robar y destruir todo lo que se encontrase, prendiendo fuego y arrojando por los balcones muebles, enseres, imágenes que se amontonaron junto a los restos del coche formando una hoguera monumental.

Se perdió, entre un importantísimo patrimonio artístico, el archivo –que guardaba documentos desde el siglo XV– y la valiosa biblioteca. El incendio fue tan pavoroso que algunos de los saqueadores tuvieron que ser rescatados por los balcones, ante el peligro que corrían sus vidas. Mientras tanto, en las cercanías, dos parejas de la Guardia Civil contemplaban el desastre sin hacer nada. Al poco, se retiraron «por orden superior». Todo indica que quien la dio fue el gobernador militar, García Gómez-Caminero. Un testigo aseguró en sede judicial que lo vio dirigiéndose a la multitud para comunicarles que retiraba la fuerza «dejando el orden a la elección del pueblo, del que esperaba cordura». A la una y media de la madrugada, un secretario del juzgado se personó en el lugar y escribió: «No existe fuerza de ninguna clase, ni tampoco hay bomberos, encontrándose allí bastante público que grita y da saltos, al parecer de júbilo». Cuando localizó al jefe de los bomberos, este le aseguró que las turbas les impedían trabajar y remató: «El público es el que ordena y manda».

¿Y el obispo? Al comenzar el asalto y ver su palacio completamente rodeado, recogió las hostias que había en las tres capillas del edificio y se refugió en un sótano que existía cerca de la calle Santa María. Tras dar órdenes de no hacer frente a los asaltantes, se puso a rezar el rosario. Cuando a las dos de la mañana el obispo, sus familiares y las monjas temieron ser devorados por el incendio, se comieron las hostias y decidieron salir a la calle.

En ese momento un grupo de exaltados intentaban romper «la puerta grande por la que se entraba al colegio de los Maristas», en la calle Fresca. Varias personas sensatas los ahuyentaron haciéndoles ver que eso era una residencia de escolares. Al poco, notaron cómo desde dentro alguien intentaba abrir la puerta. Pensaron que se trataba de niños atrapados y ayudaron desde fuera. Entonces apareció a la vista de la gente la imagen soberbia del señor obispo que se dirigió sereno a todos y exclamó: «A la nobleza del pueblo me amparo».

El público lo rodeó y, si no hubiera sido por dos malagueños que demostraron un comportamiento heroico, su vida hubiera corrido grave peligro. Se trataba de un abogado, Alejandro Conde, y un exconcejal socialista, Antonio Abolafio, quienes cogieron al obispo cada uno de un brazo y, pidiendo respeto a su persona, se dirigieron hacia la calle Sánchez Pastor. Comenzó aquí el calvario del prelado. Nadie quería acogerlo en su casa. Media hora duró este viacrucis hasta que llegó a la vivienda de un beneficiado de la catedral, Antonio Rodríguez Ferro, en el número 1 de la calle Niño de Guevara.

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