Cuando la homosexualidad era delito: el caso de la malagueña juzgada por «frigidez» con los hombres

Fue el caso de Magdalena, una vecina de Antequera expedientada por «mantener relaciones sexuales con distintas mujeres» en 1974, cuando el franquismo daba sus últimos coletazos. El Ministerio Fiscal, que pedía su condena por «invertida» y «frígida con el sexo masculino», solicitaba varias medidas «de seguridad» como el internamiento en un centro de reeducación durante al menos seis meses y la prohibición de residir en la provincia por un año y de visitar lugares públicos en los dos años siguientes, además de exigir su vigilancia durante otros dos años. El caso, documentado en el Archivo Histórico Provincial de Málaga, llegó hasta el Juzgado de Peligrosidad. En el apartado 'supuesto estado peligroso' figuraba «homosexualismo». Magdalena, nacida en 1955, trabajaba como camarera. La sentencia tardó tres años en llegar. El juez encargado del caso, ya en 1977, acordó su libertad sin restricciones y declaró de oficio todas las costas causadas por el procedimiento. El fallo, pese a absolverla, desprendía homofobia: el juez basaba su decisión en la falta de constancia de que entre 1974 y 1977 Magdalena «siguiera realizando actos de homosexualidad».

Ya por entonces se habían producido tímidos movimientos en defensa de la libertad sexual, como demuestra el acta levantada por la Guardia Civil en Málaga después de que, en la noche del 23 de enero de 1969, apareciesen varios carteles en San Pedro de Alcántara con lemas como «Día de la Emancipación del Mariquita. ¡Arriba el tercer sexo!», «Mujeres, para quienes las quieran. ¡Hombres sí!», «Mariquitas en marcha. No somos machos, pero somos muchos» y «Juntos venceremos los prejuicios». Los carteles fueron retirados y el asunto acabó en la mesa del gobernador civil. En Torremolinos, cuna de la diversidad sexual en España, hubo numerosas redadas a comienzos de los años setenta que derivaron en decenas de detenciones de homosexuales por supuestos atentados contra las buenas costumbres.

En su edición del 25 de junio, SUR publicó: «Por el gobernador civil de la provincia (Víctor Arroyo) ha sido decretada la clausura de la sala de fiestas Caramela y de los bares nocturnos Evans y Noe, todos ellos locales públicos de la barriada de Torremolinos. La decisión del Gobierno está motivada por las reiteradas infracciones a la normativa en vigor referente a la moralidad pública y las buenas costumbres». Algunas informaciones de la época sostienen que fueron detenidas 139 personas. Otras crónicas elevan la cifra por encima de las 400, sobre todo turistas. Aquella ofensiva policial saltó incluso a la prensa internacional. Un mes después, en otra actuación similar, más de veinte hombres fueron detenidos en la sala de fiestas Villa Ariel acusados de «actos homosexuales».

Tanto la ley de peligrosidad como la de escándalo público fueron utilizadas de forma sistemática para perseguir y reprimir la diversidad sexual durante décadas. El Congreso aprobó la supresión de los artículos referidos a la homosexualidad, despenalizándola, en diciembre de 1978, aunque la ley de peligrosidad y rehabilitación social siguió en vigor durante los primeros años de la democracia, ya apenas aplicada por los jueces. No fue derogada completamente hasta 1995, una década antes de que España se convirtiera en uno de los primeros países que legalizaba el matrimonio entre personas del mismo sexo.