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Una pelea entre ciudadanos chinos derivó fue el detonante de un secuestro organizado. Durante horas, seis captores retuvieron a cuatro compatriotas y los llevaron de un lado a otro en furgoneta para que les entregasen el dinero del rescate. Los hechos se iniciaron en un restaurante de comida china de Torremolinos en el año 2014 y mañana empezarán a ser juzgados en diferentes sesiones ante la Audiencia Provincial de Málaga.
La Fiscalía de Málaga acusa en un escrito (al que ha tenido acceso SUR) a seis ciudadanos chinos por los delitos de secuestro a las personas que presuntamente participaron en la retención. Solicita ocho años de prisión para los cuatro implicados en la pelea, ya que según su relato fueros quienes utilizaron la fuerza para retenerlos contra su voluntad, mientras que la pena de privación de libertad que pide el Ministerio Fiscal para los otros dos implicados es de cuatro años y medio, al considerar que únicamente intervinieron en la retención, no en el secuestro –estaban en el piso en el que permanecieron encerrados esperando a la llegada de sus compañeros para vigilar y custodiar a las víctimas–.
Según el relato de la Fiscalía, el objetivo de los procesados era hacerse con 10.000 euros a modo de compensación de la pelea que se había producido durante la noche anterior. Una vez en el piso en el que estuvieron retenidos (en Benalmádena), indicaron a sus víctimas que debían pagar esa cantidad para quedar en libertad o, en su defecto, aportar 2.000 euros cada uno.
En el escrito se refleja que una de las víctimas se derrumbó a las pocas horas y fue a un banco para sacar el dinero y pagar así su libertad. El fiscal indica en sus conclusiones que esta víctima acudió a retirar los fondos acompañada por uno de sus captores, a quien entregó los 2.000 euros en efectivo, tras lo que fue conducida de nuevo a la vivienda.
Mientras tanto, dos de las víctimas estaban de camino a Málaga capital para entregar el dinero a los secuestradores. Uno de ellos, según indica el fiscal, contactó con dos familiares para pedirles prestado los fondos con los que comprar su libertad. Fue uno de estos allegados quien acudió a la Policía Nacional para denunciar lo que estaba ocurriendo.
Uno de los intercambios económicos de llevó a cabo en Calle Larios, donde pusieron en libertad a la víctima y de donde se marcharon con otra de ellas, que aún no había pagado. En la Alameda Principal les esperaban agentes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado y de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta, quienes liberaron a la otra persona secuestrada y detuvieron a los captores.
Mientras se producían los arrestos en la capital, la Policía Nacional ya vigilaba el piso en el que habían retenido a los ciudadanos chinos, deteniendo a dos de ellos cuando se marchaban. Además de las penas de prisión, el Ministerio Público solicita a la Audiencia Provincial que se apliquen órdenes de alejamiento a todos los procesados sobre las cuatro víctimas durante un periodo de tiempo total de diez años, al igual que la expulsión del territorio nacional.
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