Varias sentencias del TSJA avalan la legalidad de los vídeos que destaparon malos tratos en la residencia La Milagrosa

El caso de malos tratos y vejaciones a discapacitados en la residencia La Milagrosa atraviesa una compleja situación jurídica. La causa nuclear, centrada en la violencia física o psicológica sobre siete usuarios y grabada en varias cámaras espía, se ha desgajado en un ramillete de procedimientos que se reparten entre el ámbito penal y el laboral.

Curiosamente, el debate jurídico no se centra, al menos por ahora, en la gravedad de las imágenes que sustentan la acusación ni los comportamientos que reflejan, sino en la validez o no de las grabaciones. Dicho de otro modo, si se tomaron con arreglo a la legislación o de forma ilegal. Una maraña de jurisprudencia en la que es fácil perder de vista lo esencial.

El origen se sitúa en la primavera de 2018, cuando la asociación Aspromanis, que gestiona la residencia, contrató una empresa de detectives para comprobar si los empleados del turno de noche cumplían debidamente con su función. Los primeros vídeos filmados por las cámaras espía dieron lugar, inicialmente, a la detención de cuatro de ellos. Posteriormente, cuando se revisó la totalidad de las imágenes, se identificó a 12 trabajadores más. Los 16 fueron despedidos en mayo de ese año.

La causa penal se siguió en el Juzgado de Instrucción número 5 de Málaga, que ha procesado a siete de estos 16 empleados por posibles delitos de torturas y contra la integridad moral, malos tratos de obra, coacciones y detención ilegal. La Fiscalía ya ha formulado acusación y pide para seis de ellos una pena de cinco años de cárcel, como adelantó SUR este martes.

Sin embargo, los despidos de 16 trabajadores, motivados por su presunta participación en agresiones o trato vejatorio a discapacitados, han provocado un aluvión de demandas en los juzgados de lo Social por parte de estos empleados, que consideran que la rescisión unilateral de la relación laboral por parte de Aspromanisfue improcedente porque las grabaciones habrían vulnerado, a su juicio, derechos fundamentales.

De los 16 trabajadores, 13 acudieron a los juzgados de lo Social de Málaga. Solo dos dieron la razón a Aspromanis y, a la vista de las imágenes, declararon procedentes sus despedidos. El resto respaldó a los trabajadores al no admitir los vídeos como prueba –y eran la única prueba– por considerar que se obtuvieron de forma ilegal porque la dirección no informó a los trabajadores de la instalación de cámaras espía. De este modo, declararon improcedentes los despidos, obligando a la asociación a optar por la readmisión o la indemnización. En uno de los casos, incluso, la jueza lo consideró nulo, por lo que, para evitar que la trabajadora volviera a su puesto, Aspromanis tuvo que pagarle 15.500 euros de indemnización.

Pero el reguero de demandas, y las posteriores sentencias, ha dado paso a otro aluvión de recursos ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). La sala de lo Social se ha pronunciado en al menos ocho casos. En dos se confirma que el despido fue legal. Y en otros cinco se ha anulado las sentencias de primera instancia (las que lo consideraban improcedente por no admitir los vídeos), lo que obliga a repetir los juicios.

En una de esas resoluciones, el TSJA se apoya en la jurisprudencia europea para respaldar la validez de las imágenes, argumentando las «firmes y contundentes sospechas» que llevaron a Aspromanis a instalar cámaras, la «gravedad de los comportamientos detectados», y la «imposibilidad racional de descubrirlos» si previamente se hubiese avisado de la videovigilancia, sin olvidar la «protección de los usuarios y residentes del centro, que no olvidemos son personas que presentan un alto grado de discapacidad y unas severas limitaciones funcionales».