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Continúa la investigación judicial en torno al presunto delito medioambiental por la extracción de agua para el riego de subtropicales en la Axarquía, iniciada el pasado año. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Vélez-Málaga ha aceptado la personación del letrado de la Junta Central de Regantes de la Axarquía, en la margen izquierda del río veleño, en el caso de los 250 pozos y otros aprovechamientos hídricos presuntamente irregulares detectados por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil.
Se trata de un caso coordinado por el citado juzgado y la Fiscalía de Medio Ambiente, que adelantó en exclusiva SUR en mayo de 2023. «Queremos poder aportar y practicar todas las pruebas necesarias en defensa de nuestros asociados», ha considerado en el escrito presentado en julio del pasado año el abogado de los regantes que agrupan a una veintena de comunidades de la margen izquierda del río veleño, Jaime Zaldúa. En el mismo documento expresaba que esta decisión se tomaba «dado que pueden verse afectados en su condición de agricultores regantes» los asociados a los que representa.
En su comparecencia escrita Zaldúa también solicitó «copia íntegra de las actuaciones Vía Lexnet» o, en todo caso, que se le permitiera «poder retirar una copia de las mismas» en el propio Jugado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Vélez-Málaga. Todo ello, también, «a fin de tener conocimiento de las diligencias de pruebas que se acuerden». El letrado ha explicado este lunes a SUR que el juzgado ha aceptado finalmente su petición y que está a la espera de poder examinar toda la documentación que hay en las diligencias judiciales.
No obstante, de momento, no tiene constancia de que ninguna de las comunidades agrupadas en la Junta Central de Usuarios de la Axarquía esté siendo investigada en este caso. Respecto a la tramitación judicial del procedimiento, Zaldúa ha apuntado que el fiscal de Medio Ambiente de Málaga, Fernando Benítez, ha solicitado al juzgado veleño una prórroga de seis meses más del plazo para instruir las diligencias, una posibilidad a la que ellos se oponen. Ahora será la jueza la que tendrá que determinar si acepta o no esta ampliación del plazo de instrucción que pide el Ministerio Público.
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