Se encargaba de acompañar a mujeres nigerianas a lugares donde podían prostituirse, las distribuía por sectores y las alojaba en su domicilio. Así lo hizo también desde el verano de 2017 con una adolescente de solo 14 años, primero, en Marbella y, después, en el Polígono del Guadalhorce de Málaga capital. Pero, la sospechosa, no actuaba sola. Junto a ella, otras cuatro personas ya han sido condenadas por su participación en los hechos.
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Todas las víctimas eran originarias de Nigeria y la mayoría carecía de documentación. Una vez captadas, uno de los acusados era el encargado de recibirlas en Málaga y asignarle uno de los domicilios donde residían el resto de miembros de la banda.
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Una de las procesadas, procedente del mismo país, acogió a la menor de 14 años en su vivienda junto a otras mujeres, que eran trasladadas en vehículos a Benalmádena y Marbella para ejercer la prostitución, según declaró probado la Audiencia Provincial de Málaga el pasado 2023 y ratifica ahora el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
En la sentencia, consultada por este periódico, otro de los miembros de la mafia era el encargado de recoger el dinero que ganaban las mujeres y que le entregaba la procesada. También se ocupaba de la recarga del saldo de los móviles de las víctimas y acogía a una de ellas en su vivienda, explotándola económicamente.
Como consecuencia de las vigilancias y seguimientos policiales a la organización, los agentes identificaron al procesado, observando una libreta con anotaciones de cantidades de dinero referidas a los pagos realizados por las mujeres. Además, la Sección Octava de la Audiencia considera que la recarga de saldo de los teléfonos de las víctimas era «una forma de tener control sobre las chicas».
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Todas las víctimas habían llegado a España siguiendo la siguiente ruta migratoria: Nigeria-Níger-Libia-Argelia-Italia. Y, una vez en España, «eran tratadas como mercancía» por los acusados, quienes las trasladaban de un domicilio a otro -incluso de país- «a su conveniencia».
En consecuencia, dos de los acusados fueron condenados a siete años y medio de cárcel por su responsabilidad en un delito de trata de seres humana; a cinco y medio la procesada que facilitó que la menor de 14 años se prostituyera; a dos años y diez meses el encargado, entre otras funciones, de recargar el saldo de las víctimas, y a un año y cinco meses otro individuo por su autoría en un delito de falsedad en documento oficial.
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