El segundo encuentro mantenido ayer entre el comité de huelga de los letrados de la Administración de Justicia y el Ministerio de Justicia volvió a concluir sin que se llegase a un acuerdo para poner fin a la huelga indefinida que, precisamente, este viernes cumplió ... un mes. El lunes está previsto que se retomen las negociaciones.
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El parón de estos profesionales está haciendo mella en los tribunales de toda España. Solo en Málaga, ya se han visto aplazados cerca de 4.000 vistas y actos, al tiempo que el dinero retenido en las cuentas de los juzgados, cuyos destinatarios son ciudadanos y el Tesoro Público, superan los tres millones de euros.
De acuerdo con las fuentes judiciales consultadas, sólo entre el lunes 20 y el viernes 24 de febrero se han suspendido en la provincia unas 775 vistas, así como más de medio millar de otras actuaciones (550), entre las que se incluyen declaraciones, conciliaciones o comparecencias, a causa de la huelga.
Con este último balance, cerca de 6.000 procedimientos (casi 4.000 vistas y otras 2.000 actuaciones) se han visto afectados en Málaga debido a la huelga de los letrados de la Administración de Justicia.
A esto hay que añadir los más de tres millones de euros que permanecen bloqueados en las cuentas de los tribunales malagueños. Se trata del dinero consignado para pensiones de alimentos, indemnizaciones, costas procesales, entre otros casos.
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Cabe reseñar también que, desde el inicio de la medida, las principales jurisdicciones afectadas son las penales, seguidas por las civiles (aunque con una diferencia notable). Del mismo modo, hay que recordar que en ningún momento se han dejado de prestar los servicios mínimos, estuviera o no el personal secundando la huelga.
Estos incluyen aquellas causas en las que se produce el traslado de presos o en los que hay víctimas de violencia de género o menores de edad, entre otros casos, así como las autorizaciones de entradas y registros que forman parte de investigaciones policiales.
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Cabe recordar que la huelga fue convocada por la Unión Progresista de Letrados de la Administración de la Justicia (UPSJ), la Asociación Independiente de Letrados (AINLAJ) y el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de la Justicia, que llevaban desde noviembre anunciando que se llegaría a este extremo en caso de que el Gobierno central no cumpliera con los acuerdos firmados para atender sus reivindicaciones.
Son varias las demandas que los letrados de la Administración de Justicia tienen sobre la mesa, como una adecuación salarial acorde al aumento de sus competencias. Las asociaciones que han impulsado la huelga recuerdan que este paro, bajo el lema «por dignidad, por justicia, por igualdad», se hubiera evitado si el Ministerio de Justicia hubiera «cumplido» con los acuerdos alcanzados el pasado año.
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Entre otros, estos incluyen la promulgación del decreto de sustituciones; la reforma de los decretos de retribución de los LAJ o la definición y concreción del modelo de carrera profesional.
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