Los 42 propietarios de la comunidad La Perla del Sol de Torremolinos se encuentran en una tesitura complicada debido a un problema informático que, según precisaron las fuentes consultadas a este periódico, mantiene retenidos en las cuentas de consignaciones del juzgado 400.000 euros de una indemnización que están pendientes de cobrar.
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En total, tendrán que recibir 879.610 euros del Ayuntamiento de la misma localidad después de que en 2011 fuese condenado por conceder una licencia para la construcción del Hotel Don Marco, ya que no respetaba la separación de linderos ni la altura permitida. Una circunstancia que, como se exponía en la sentencia, perjudicó a los vecinos al ocasionar la pérdida de valor de las viviendas de La Perla del Sol.
En consecuencia, el Consistorio empezó a abonar de manera fraccionada este importe en enero y ya ha ingresado en los tribunales 400.000 euros. El dilema que se plantea ahora a los propietarios, según explican a SUR fuentes próximas al caso, es que pese a que todavía no han recibido esta cantidad, sí está repercutiendo en su declaración del Impuesto de Renta de Personas Físicas (IRPF).
A efectos prácticos, se traduce en que los dueños de las casas tendrán que pagar a Hacienda en su próxima declaración cantidades aproximadas de entre los 7.000 y los 9.000 euros, aunque en algunos casos este importe asciende hasta rondar los 20.000.
«Hace 20 años que empezamos todo el procedimiento contra el Ayuntamiento y la promotora, y ahora que ya están pagando, con todo lo que se ha dilatado el proceso, los propietarios se ven en esta encrucijada», se queja el administrador, Francisco Real.
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De ahí que la preocupación de la comunidad vaya en aumento conforme pasan los días y se acerca la fecha límite para presentar la declaración, el 30 de junio, sin que el dinero salga de las arcas de consignación del juzgado, ante lo que ya se han presentado numerosos escritos a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para que ponga fin a esta situación.
De acuerdo con las fuentes, se han juntado varios factores que han contribuido al retraso en el pago por parte del juzgado, como la huelga de los letrados de la Administración de Justicia (LAJ), alguna baja médica y, la que a día de hoy persiste, los problemas que está acarreando la implantación del nuevo sistema @Adriano de gestión informática en los tribunales por parte de la Junta de Andalucía.
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Se trata de un sistema que se encuentra en fase de implementación en los Juzgados de lo Social y de lo Contencioso y que se pretende que esté operativo en todas las jurisdicciones para el próximo año.
Sin embargo, como ya se señalaba en la Memoria del TSJA de 2022, la implantación del programa procesal está ocasionando retrasos, más allá de los entendidos como lógicos, derivados del cambio y la adaptación a la nueva herramienta informática.
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