Julio Martínez Carazo: «El problema de la fiscal general no existiría si hubiera rechazado el cargo»

–Antaño la corrupción, ahora el narcotráfico y los ajustes de cuentas... Marbella se percibe como un avispero. ¿Qué le ha empujado a postularse a la reelección?

–Cuando llegas a un puesto de trabajo y no culminas los objetivos que te marcaste, debes intentar hacerlo. A ver si con otros cinco años me da tiempo.

–¿Qué es lo que se proponía?

–Una de las cosas fundamentales fue dotar a Marbella de un Palacio de Justicia digno. Es uno de los motivos que me ha llevado a solicitar la reelección y parece que está más cerca: el viernes 26 de septiembre se aprobó por unanimidad la cesión a la Junta de unos terrenos que están junto a la carretera que sube a Ojén.

–Al final no salió lo de los terrenos de Roca. Habría tenido algo de justicia poética...

–Ese proyecto se tuvo que abandonar porque hubo un problema con la línea de carreteras y Fomento no lo hubiese permitido. Pero sí que hubiese tenido algo de justicia poética, es cierto.

–Aparte de la antigüedad del edificio, ¿por qué da tanta importancia a la construcción del Palacio de Justicia?

–En marbella hay una dispersión de sedes (3) tremenda, con lo que eso comporta en cuanto a traslado de fiscales y funcionarios, amén de que también llevamos Ronda y Estepona, lo que nos obliga a desplazamientos diarios.

–¿Cómo ha cambiado el panorama judicial de Marbella en estos cinco años?

–Se ha logrado llevar a cabo una especialización por materias: medio ambiente, antidroga, violencia sobre la mujer, cooperación internacional...

–¿Y corrupción?

–Ya no. Al hablar de Marbella ya no se piensa en corrupción política, como había en 2006. De hecho, en Marbella existía un fiscal anticorrupción, pero esa plaza ha quedado amortizada y el grueso de los asuntos se llevan desde Málaga. Quedan poquísimas causas de la época del gilismo, si es que queda alguna, en los juzgados de instrucción. Eso es una buena señal.

–¿Tiene la sensación de que las cosas se hacen de otra manera?

Sí, la tengo. La legalidad se cumple. Puede haber matices o hechos puntuales, pero no una corrupción política generalizada como la que había entonces.

–Ahora están desbordados con la droga. La semana pasada, la memoria de la Fiscalía de Andalucía hablaba claramente de saturación en Marbella y Estepona.

–El narcotráfico nunca ha desaparecido, pero es cierto que está en auge. Ahora tenemos dos fiscales dedicados a eso, en lugar de uno.

–¿Por qué este aumento?

–Pienso que es porque no pudieron meter droga en estado de alarma y eso causó después una avalancha de alijos, principalmente en motos de agua, por la acumulación de hachís al otro lado del Estrecho, en Marruecos.

–Las motos de agua se han puesto de moda...

–Sí, sin duda. Antiguamente, se les practicaba un doble fondo; ahora ni siquiera eso, las traen colgadas en los asientos, a la vista de cualquiera. Una moto acuática llama menos la atención y con ellas diversifican la entrada de la droga.

–¿Ha tenido que ver la presión sobre el Campo de Gibraltar, la vieja teoría policial del globo?

–Sin duda. Creo que eso ha producido un desplazamiento de algunas organizaciones hacia esta zona.

–Y con ellas, los ajustes de cuentas. ¿Cómo califica la situación?

–Es preocupante, pero no alarmante. Los ajustes se pueden producir aquí por el anonimato de la Costa del Sol, pero muchos de los casos no tienen otra relación con la zona. Y he de decir que cada vez se están resolviendo más, pese a la complejidad de los asuntos, ya que los protagonizan sicarios que llegan con documentación falsa, cometen el asesinato y se van.

–Y luego está el narcoterrorismo, que ha sido una vuelta de tuerca.

–Al final todo es lo mismo: organizaciones dedicadas al tráfico de drogas que sufren vuelcos (robos de mercancía). Eso da lugar a venganzas y, en los casos extremos, la muerte de alguien de la banda contraria. En relación al narcoterrorismo, yo creo que las organizaciones se han vuelto más efectistas para provocar miedo.

–La memoria de la Fiscalía demandaba también una reforma legal para luchar contra el narco.

–Yo creo que sería necesario tener una Policía Judicial adscrita a la Fiscalía, eso ayudaría en las investigaciones. Aun así, en estos momentos existe una presión tremenda sobre las organizaciones.

–Las condenas con frecuencia son livianas y llegan tarde...

–Yo entiendo que una justicia lenta no es justicia. No puede haber juicios diez años después, porque las defensas usan esas dilaciones indebidas para reducir las penas. También es estrategia: como saben que la lentitud les beneficia, tratan de dilatar la causa.

–¿Qué ocupa el día a día de la Fiscalía de Marbella?

–El 95% de nuestro trabajo corresponde a la jurisdicción penal, estar al lado del juez de instrucción. Tenemos un papel cada vez mayor –y también desconocido– en la sección civil, en divorcios, nulidades, custodias, tutela de personas discapacitadas sin parientes directos o el control jurídico de las residencias de mayores.

–¿Cómo le gustaría dejar la Fiscalía?

–Me gustaría dejarla con mayor dotación de personal, no solo en fiscales, sino también en personal de secretaría. También me gustaría que se crearan dos juzgados de lo penal y secciones de la Audiencia Provincial (como en Algeciras) para evitar desplazamientos a Málaga. Y, sobre todo, una ubicación digna, con el Palacio de Justicia. Si siguen las cosas como van, me dará tiempo a verla.

-Por cierto, ¿comparte las críticas por el nombramiento de una exministra como fiscal general?

–Nosotros nos regimos siempre por los principios de unidad de actuación, dependencia jerárquica, legalidad e imparcialidad. Este último nos exige que actuemos con objetividad e independencia. El nombramiento del fiscal general ha estado revestido siempre de ciertas dudas, que me parecen lógicas, porque al fin y al cabo lo propone el Gobierno y cuando menos será afín al mismo. Si a esa duda genérica que existe, le añadimos que la actual fiscal general del Estado, días antes de ser nombrada, fue ministra de Justicia y diputada del PSOE, creo que para la opinión pública esas reservas se pueden ver incrementadas. Y lo digo sin dudar lo más mínimo de imparcialidad de Dolores Delgado.

–¿Y cómo se puede garantizar esa imparcialidad?

–Existen mecanismos en nuestra legislación. Concretamente, el artículo 351 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que contempla que si un juez o un fiscal hubiera ocupado un cargo político y reingrese en la carrera, se le obliga a abstenerse de intervenir en asuntos en los que pudieran verse implicados partidos o asociaciones políticas. Esto acaba de ocurrir con las querellas por la pandemia contra el Gobierno, que han tenido que ser despachadas por el teniente fiscal del Supremo y ella ha tenido que inhibirse. Independientemente de que haya un legislador valiente y deje que sea la carrera fiscal quien elija a su representante, el problema se habría solucionado si cuando el presidente del Gobierno le propuso que fuese fiscal general del Estado, ella hubiese dicho que no.