Prisión por defraudar 122.900 euros a la Seguridad Social con falsos contratos en Málaga

Durante años falsificaron alrededor de un centenar de contratos de trabajo y altas. De esta manera, de acuerdo con la Audiencia Provincial de Málaga, dos individuos consiguieron defraudar más de 122.000 euros a la Tesorería General de la Seguridad Social. Según se expone en la sentencia, a la que SUR ha tenido acceso, ambos acusados, en colaboración con otro hombre -que ya ha fallecido- recurrían a empresas ficticias para no tener que pagar las cuotas de sus trabajadores y para así acceder a prestaciones a las que no tendrían derecho en base a sus cotizaciones.

De acuerdo con lo relatado en el apartado de hechos probados de la sentencia, entre los años 2013 y 2016, uno de los encausados se dedicaba a falsificar contratos y altas en la Seguridad Social para obtener la regularización de la residencia de ciudadanos extranjeros y para obtener prestaciones de desempleo a las que no tendrían derecho.

Se trataba de una «trama ilegal e infraestructura» que organizó uno de los investigados y que contaba con empresas ficticias en las que daban de alta a personas que sí desempeñaban una actividad laboral, pero que lo hacían en una sociedad que era propiedad del segundo acusado. De esta manera, se ahorraba el pago de las cuotas de la Seguridad Social, apuntan los magistrados en la resolución. En total, defraudaron de esta manera 122.992 euros.

Para llevar a cabo el fraude llegaron a contar con tres empresas de las que no constaba una actividad real, ni clientes o proveedores. En las mismas dieron de alta a casi un centenar de personas.

De acuerdo con el fallo, muchos de los trabajadores que desempeñaron su oficio a lo largo de estos años estuvieron dados de alta en las distintas empresas falsas, a pesar de que aparentemente su objeto social era dispar. Los empleados, al parecer, sabían que la empresa que figuraba como empleadora no era la misma para la que iban a trabajar, pero no ha quedado acreditado que conocieran el fin ilícito de los acusados. Ellos, según testificaron en la vista, recibían el dinero en mano.

La investigación policial, tal y como declararon los agentes en el juicio, reveló que estas sociedades ficticias no tenían entradas, ni había pagos ni recibos, además de que no seguían la dinámica de una empresa porque no pagaban a los trabajadores ni a Hacienda ni a la Seguridad Social.

«Los acusados llevaron a cabo una conducta defraudatoria, creando sucesivamente empresas ficticias, con el único fin de eludir el pago de las cotizaciones correspondientes e impedir que la Seguridad Social pudiera cobrar las deudas del que era el verdadero empresario, y del que dependían todos los trabajadores, que iban siendo dados de alta y de baja según los intereses de los acusados en las diferentes empresas creadas a tal efecto», concluyeron los magistrados.

Los hechos probados, por tanto, son constitutivos de un delito continuado de falsedad documental por el que se ha impuesto a los dos procesados la pena de 21 años de prisión, así como de un delito de defraudación a la Seguridad Social. Por este tipo penal, uno de los encausados ha sido condenado a dos años de cárcel y a una multa de 250.000 euros, mientras que para el segundo investigado, al ser reincidente, la pena se ha elevado a tres años de prisión y a una sanción de 300.000 euros.

Ambos tendrán que indemnizar en concepto de responsabilidad civil a la Tesorería General de la Seguridad Social en la cantidad de 122.992 euros.