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El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado el ingreso en prisión provisional y sin fianza de Javier Biosca, detenido ayer en Málaga, al que se investiga por delitos de estafa continuada, apropiación indebida y falsedad de documento público en relación con un supuesto fraude piramidal de inversión con criptomonedas.
El magistrado ha tenido en cuenta la gravedad de los delitos y que ha sido necesario acudir a su búsqueda y captura, pese a indicar Biosca un domicilio en el que, dice juez, no ha sido localizado ni por el órgano judicial ni por la Policía Nacional a pesar de las averiguaciones efectuadas por el Grupo II de Fraude Financiero. De hecho, desde finales de 2020 se encontraba en paradero desconocido.
Para Pedraz, la pena que en su caso se le pudiera imponer podría hacer que el investigado se diera a la fuga, «máxime cuando existe una pluralidad de perjudicados y unas cantidades supuestamente defraudadas que pudieran aconsejar al detenido ponerse fuera del alcance de la Justicia».
Además, según el magistrado, la instrucción no ha concluido y su libertad podría perjudicar la investigación puesto que, tal y como ha manifestado su abogado, el detenido necesita la presencia y actuación de terceros para recopilar información cara a su defensa, lo que le lleva a sospechar que, del mismo modo, podría destruir pruebas.
Según el auto, Biosca se presentaba como bróker especialista en el mercado de criptomonedas desde hace más de cinco años y se dedica a la inversión por cuenta ajena de capitales para la obtención de rendimientos por medio de compraventa de criptomonedas. Los inversores le entregaban una suma de dinero para logar un rendimiento mensual convenido en el contrato.
El negocio carecía, dice Pedraz, de todo tipo de autorización, pues no estaba inscrito en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ni en otros organismos supervisores. «Montado el negocio financiero la familia Biosca Gallardo, encabezados por el detenido Javier Biosca, empezó a captar clientes que debían entregarle cantidades de dinero a cambio de una rentabilidad del 20 o 25% semanal».
A lo largo de 2020 se dieron las primeras situaciones de irregularidad e incumplimiento, explica el auto judicial, hasta que Biosca dejó de pagar a la mayor parte de los inversores. El culmen de esta situación llegó en octubre de 2020, cuando Algorithmics Group -su empresa- dejó de abonar las cantidades prometidas.
Para captar a su clientes empleaba una página web, agentes o intermediarios que cuentan con comerciales y los propios inversores podían difundir la noticia de los rendimientos, favoreciendo que los nuevos clientes sean conocidos o familiares de los más antiguos, «por lo que indiciariamente nos encontraríamos ante una defraudación en su modalidad de esquema Ponzi o piramidal», señala Pedraz.
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