El presidente de una comunidad de Benalmádena, investigado por apropiarse de 65.000 euros alquilando zonas comunes

Irene Quirante

Sábado, 22 de marzo 2025, 00:40 | Actualizado 13:11h.

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Un juzgado de Torremolinos investiga al presidente de una comunidad de vecinos de Puerto Marina por la presunta instalación de tres cajeros automáticos en las instalaciones del complejo residencial, para lo que no contaba con autorización. Así, habría obtenido un beneficio que ronda los 65.000 euros. La autoridad judicial ha tramitado diligencias previas para esclarecer si el hombre incurrió en delitos de estafa, administración desleal y falsedad documental.

Así se expone en un auto dictado por el Juzgado de Instrucción número 5, al que SUR ha tenido acceso. Supuestamente, a principios de 2019 instaló dos cajeros en espacios de la urbanización con el fin de explotar comercialmente los mismos. Lo hizo, presuntamente, «sin abonar renta o merced alguna a la comunidad», al menos hasta el año 2021.

Para ello, según se indica en el documento, el investigado suscribió sendos contratos entre una sociedad, de la que él mismo era propietario y único administrador, y la mercantil responsable de la instalación de los cajeros. Según los indicios recabados, recibía una remuneración por cajero de 850 euros al mes. Al tiempo, dicha cantidad subió a los 1.000 euros.

De igual manera, en abril de 2022 el encausado supuestamente suscribió un contrato de novación por el que se hacía constar que el distribuidor -su propia mercantil- era el titular de los locales y que contaba con autorización del propietario para la cesión del uso de las ubicaciones para la explotación de los cajeros automáticos.

No obstante, como se expone en el auto, no hay constancia de que realmente tuviera dicha autorización para alquilar dichos espacios. Asimismo, el 30 de junio de 2022 suscribió un tercer contrato para instalar un tercer cajero, cuya remuneración igualmente era de mil euros. De esta forma, su mercantil habría recibido hasta el 15 de septiembre de 2023 un total de 64.735 euros por el servicio de los cajeros.

De igual manera, se sospecha que el investigado pudo presentar a la causa penal un contrato de arrendamiento «falso» en relación a los cajeros, elaborado con el único fin de buscar una resolución favorable. Estos indicios, según se resume en el auto, se basan en que no consta que dicho documento se hubiera presentado a la junta de propietarios y en que la persona que figura en el contrato como presidente de la comunidad era, en realidad, el administrador del complejo en ese momento, quien no reconoce su firma.

El caso saltó con la denuncia de los vecinos, presentada en 2023 en dependencias policiales. Según señalaron, el hombre explicó que la instalación de los cajeros en zonas comunes de la urbanización Pueblo Marinero, de la que él era presidente, reportaría un beneficio económico a la comunidad. Más adelante, al ser preguntado en una reunión de propietarios, el hombre habría respondido que estos no eran de la comunidad.