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La muerte de un ciudadano belga de 34 años tras recibir un disparo en la espalda en una villa de Estepona confirma lo que para las Fuerzas de Seguridad del Estado era ya una preocupación: la proliferación de fiestas clandestinas en chalés en la Costa del Sol.
De hecho, la de este lunes es la segunda víctima mortal de un tiroteo en un evento de estas características -tras el fallecimiento de un DJ en 2021-, a los que habría que sumar otros tantos heridos en incidentes similares en Benahavís o Marbella en los últimos años.
Aunque el fenómeno ha existido siempre, la proliferación de estas fiestas comenzó con la Covid-19 y las restricciones de movilidad derivadas del estado de alarma. Surgieron como alternativa para el ocio nocturno burlando los controles.
Las fuentes consultadas explican que se ha producido una evolución desde la pandemia y en la actualidad ya no vienen a reemplazar a los bares de copas, sino que se han convertido en auténticos after-hour a los que acudir tras el cierre de las discotecas.
No en vano, algunas de estos chalés han sido acondicionados para que funcionen como tales, llegando incluso a tintar de negro las ventanas para que no entre la luz del sol. Suelen cobrar la entrada y una botella de vodka servida en vasos de plástico puede costar 300 euros, aunque ni siquiera sea de una marca premium.
Las fiestas se desarrollan en el ambiente de privacidad de un domicilio particular -alquilado o, como en el caso de Estepona, okupado, para colmo del propietario y de los vecinos- y sin ninguna clase de licencia ni regulación de la actividad.
Los agentes saben que en ellas se consumen estupefacientes y otras sustancias como gas de la risa. De hecho, en una ocasión llegaron a intervenir una furgoneta cargada de botellas de óxido de nitrógeno destinadas a una de estas fiestas.
Fuentes policiales consultadas por este diario han reconocido la dificultad para intervenir en estos eventos, dado que, por lo general, ni siquiera está clara la titularidad de los inmuebles y no pueden acceder a ellos sin la correspondiente autorización judicial, salvo que se esté cometiendo un delito de forma flagrante.
Las comisarias y cuarteles suelen responder a las llamadas por ruido con denuncias o reforzando la labor de patrullaje para evitar los actos incívicos de los que se quejan los vecinos, que se muestran desesperados ante esta situación, como ha denunciado ante los medios el presidente de la comunidad de residentes de la urbanización El Paraíso, donde se produjo el último crimen.
El hombre que al parecer okupa la villa donde sucedieron los hechos responde al nombre de León y es de origen cubano. Ayer concedió varias entrevistas en televisión donde reconoció ser el organizador de la fiesta donde mataron al ciudadano belga.
Según aseguró, él no cobra entrada a estos eventos, a los que, dijo, sólo asisten amigos o conocidos. También declaró que sólo escuchó el disparo, pero que no vio quién apretó el gatillo. Vecinos afirman, en cambio, que en las fiestas hay hasta portero.
Aunque el suceso ocurrió a las 8.30 horas, la fiesta del pasado lunes «acababa de comenzar». Había unas 25 personas que habían pasado la noche en discotecas de la zona y que acudieron allí para rematar la fiesta. Pero no fue el final esperado.
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