Piden 21 años para un hombre acusado de hacerse fotos mientras abusaba de su hijastra

La fiscal recoge en su escrito de conclusiones provisionales dos episodios muy concretos que sostienen la acusación contra el hombre, que en aquel momento tenía 32 años. El primero, por orden cronológico, ocurrió en una fecha indeterminada cuando la víctima -que es fruto de una relación anterior de la madre- era menor de edad.

Según la representante del Ministerio Público, el acusado recogió un día a la niña de las clases particulares a las que asistía, la llevó a la bodega de una finca de sus padres y supuestamente abusó sexualmente de ella. Tras ello, volvió con la cría al domicilio familiar, donde le esperaba su pareja.

El segundo episodio habría ocurrido el 22 de septiembre de 2012 durante una barbacoa en la casa de los padres del procesado, situada en un municipio de la provincia de Málaga. Según la fiscal, el acusado se tuvo que ausentar un rato para ir a su domicilio y se llevó con él a la menor, que entonces tenía 12 años.

Una vez en la vivienda, le dijo que subiera a la habitación principal y que se quitara la ropa, siempre según el escrito acusatorio del Ministerio Público, quien continúa relatando que el hombre, por segunda vez, abusó sexualmente de ella.

Aunque lo interrumpió una llamada de teléfono, que atendió en la planta baja de la vivienda, justo después continuó con los presuntos abusos y que incluso le puso una película pornográfica a su hijastra mientras le explicaba cómo llevar a cabo determinados actos de índole sexual, para los que se valió de la relación que tenía con ella.

Durante estos hechos, el hombre habría cogido su teléfono móvil y, «con fines pornográficos y para satisfacer sus instintos sexuales», habría tomado dos fotografías de los abusos sexuales sobre la menor. Después, ambos volvieron a la barbacoa familiar.

Tras ese segundo episodio, la entonces pareja del acusado, y madre de su hijo pequeño, halló estas imágenes al mirar el teléfono móvil de éste. Aunque en la foto no se veía el rostro de la pequeña, ella reconoció inmediatamente el cuerpo de su hija y denunció inmediatamente los hechos a la policía, que detuvo al sospechoso.

El acusado ha estado en prisión provisional durante más de dos años, concretamente, desde el 2 de octubre de 2012 hasta el 18 de diciembre de 2014. Ahora está a la espera de un juicio que ha pasado por varias suspensiones y que está señalado para principios de 2021.

Para la fiscal, los hechos serían constitutivos de dos delitos. Por el primero, el de abusos sexuales con carácter continuado, solicita a la Audiencia Provincial una pena de 12 años de cárcel, además de una medida de libertad vigilada durante una década. Por el segundo, el de pornografía infantil, pide otros nueve años de prisión.

En cada uno de estos delitos, la representante del Ministerio Público insta al tribunal a que dicte una prohibición de comunicarse y aproximarse a menos de 500 metros de su hijastra, ya sea su domicilio, centro de trabajo o educativo, o cualquier otro lugar frecuentado por ella, durante un periodo de 22 años (por el delito de abusos) y de 19 (por el de pornografía infantil). También pide que indemnice con 30.000 euros a la menor por las secuelas psicológicas que «evidentemente va a sufrir», dice la fiscal.

La acusación particular, ejercida por la madre de la menor y representada por el abogado Francisco Damián Vázquez, se adhirió al escrito de acusación de la fiscal, calificando los hechos del mismo modo y solicitando idénticas penas.

El abogado malagueño considera que estos hechos son muy graves, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de una menor y que lo sucedido ha afectado de forma muy importante a la víctima y también a su madre. De hecho, según sostiene, fue a partir de ese momento cuando se produce la ruptura de la pareja, que hasta entonces convivía.

En el contexto de esa ruptura se produjo una fuerte discusión entre el acusado y la madre de la víctima a cuenta del hallazgo de las fotos. En el curso de la misma, el hombre cogió del cuello a su entonces compañera sentimental y, cuando ella trataba de salir de la habitación, cerró la puerta y le pilló una mano. Por esos hechos fue condenado en 2015 por un delito de malos tratos a nueve meses de prisión, además de una prohibición de acercarse o comunicar con la madre durante tres años.

La defensa del acusado, al que asiste la letrada Cecilia Pérez Raya, ha mostrado su disconformidad respecto a estas acusaciones al considerar que no existiría responsabilidad penal alguna, por lo que insta al tribunal a que dicte una sentencia absolutoria.

Sus argumentos para exonerar al procesado se basan en los vídeos y fotos aportados a la causa. La defensa cuestiona la veracidad de los actos sexuales, la identidad de la persona afectada y también la del autor, «no excluyéndose la sospecha de una manipulación», según recoge literalmente en su escrito la letrada malagueña.

La abogada se apoya en la jurisprudencia del Supremo para denunciar que la «dimensión familiar» de la intimidad «no autoriza en modo alguno» a uno de los cónyuges a violar el derecho fundamental a dicha intimidad ni tampoco a vulnerar el secreto de las comunicaciones, en relación al hecho de que la madre mirara el móvil de su pareja y encontrara las fotos de los presuntos abusos sexuales.

También cuestiona el supuesto consentimiento del acusado a su compañera sentimental para que examinara su teléfono, como ella sostiene (aunque él lo ha negado «con contudencia»). Según la letrada, esa negativa se evidencia por la situación de «crisis de pareja» que atravesaban, «en pleno proceso de separación», de manera que ella cogió su móvil sin que su pareja se diera cuenta.