Piden casi 130 años por prostituir a mujeres a las que captaban con la promesa de un falso empleo

Les prometían un trabajo en una peluquería o en una clínica estética en Málaga, pero todo era falso. Solo era un anzuelo en el que picaban sus víctimas, a las que después obligaban a ejercer la prostitución en condiciones extremas. Así asegura la Fiscalía que actuaba una red de proxenetas a la que acusa de delitos de trata con fines de explotación sexual en Málaga, pertenencia a organización criminal y tráfico de drogas. Tres investigadas y un cuarto procesado se enfrentan a la petición de 128 años de prisión.

Los hechos se remontan a 2021. De acuerdo con el Ministerio Público, dos hermanos -un hombre y una mujer- y la pareja de uno de ellos, con ayuda de una tercera acusada, llevarían desde entonces dedicándose a captar a mujeres que vivían en Colombia en una situación económica muy precaria para su traslado a Málaga, lo que, supuestamente, conseguían bajo engaño. Solo les informaban de que tendrían que prostituirse cuando ya estaban a miles de kilómetros de su país.

Así habría ocurrido con al menos nueve víctimas, según se expone en el escrito de calificación provisional de la acusación, al que SUR ha tenido acceso. En su mayoría de los casos, la propia organización era la que costeaba los traslados, de lo que luego se aprovecharía para que las perjudicadas ejercieran la prostitución sin apenas descanso y sin recibir remuneración alguna, ya que debían abonar la deuda contraída por los viajes.

La trama, presuntamente, contaba con cuatro pisos que funcionaban como prostíbulos en Málaga capital, en los que residían las mujeres. Apenas tenían permiso para salir a la calle y estaban controladas por cámaras instaladas en los inmuebles, de acuerdo con el Ministerio Fiscal. Entre otras órdenes, mantiene la acusación, las perjudicadas tenían que permanecer siempre arregladas y permitir que se les tomase fotografías para subirlas a web en las que anunciaban los servicios sexuales.

La disponibilidad de las jóvenes tenía que ser total. Lo máximo que se les permitía descansar eran dos horas al día, siempre que no fuera en fin de semana, de acuerdo con la acusación. Tampoco podían rechazar a ningún hombre, ni siquiera cuando no reunía las condiciones higiénicas adecuadas o cuando les exigía servicios de hasta diez horas. En ocasiones, también las obligaban a mantener relaciones sin preservativos. Además, supuestamente recibían presiones para que no denunciaran cuando sufría la agresión sexual de alguno de sus 'clientes'.

Las víctimas, siempre según la Fiscalía, tenían igualmente la obligación de suministrar cocaína a los hombres y de consumirla con ellos durante los servicios, además de ofrecerles otras sustancias, como viagra. Asimismo, la red controlaba sus teléfonos para comprobar que no se quedaban con ningún contacto bajo la amenaza de la expulsión inmediata de la casa, lo que suponía quedarse sin un techo, sin dinero y en situación administrativa irregular, tal y como supuestamente les advertían.

El Ministerio Público mantiene que, además de las nueve jóvenes que fueron captadas en sus países, al menos hubo otras diez mujeres a las que reclutaron cuando ya se encontraban en España. En estos casos, siempre según la acusación, sí les informaban desde un principio que se dedicarían a ejercer la prostitución, pero en ningún caso cumplían con las condiciones que habían pactado previamente.

En total, son 16 las personas que están acusadas en esta causa, a las que la Fiscalía sienta en el banquillo para que sean juzgadas por la Audiencia Provincial de Málaga. Además del único hombre y las tres investigadas principales, que serían cabecillas de esta red de trata, supuestamente otras doce mujeres habrían colaborado con la trama para las que habrían ejercido como 'mamis' o encargadas de los pisos. Según la acusación, ellas eran quienes se aseguraban, entre otras tareas, de que las víctimas ejercieran la prostitución según las normas que imponía la organización.

El Ministerio Público sostiene que el procesado, junto a su pareja y su hermana, y una tercera mujer, serían autores de un delito de integración en grupo criminal; nueve delitos trata de seres humanos en concurso con ocho relativos a la prostitución y otro contra los derechos de los trabajadores; once relativos a la prostitución de mayores de edad; y un delito de tráfico de drogas de sustancias que causan grave daño a la salud en cuantía de notoria importancia. Cada uno se enfrenta a la petición de 128 años de prisión y a una multa de 500.000 euros.

Las doce acusadas restantes, de acuerdo con el fiscal, serían autoras de 19 delitos relativos a la prostitución y un delito de tráfico de drogas. Les piden hasta 62 años de cárcel y una sanción de 3.000 euros.

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