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Han pasado casi cinco años, pero Almudena y Antonio siguen manteniendo las mismas convicciones sobre lo que pasó la noche del 26 de julio de 2017, cuando desapareció su hija, la pequeña Lucía Vivar. La niña, que tenía tres años, fue hallada muerta a la mañana siguiente en las vías del tren a cuatro kilómetros de la estación de Pizarra, donde su familia había estado cenando la noche anterior para celebrar el santo de la abuela. «Ese maldito tren nunca debió haber salido», manifiesta la madre de la menor.
Un juez acaba de darles la razón sobre una parte de esas convicciones: la sentencia aprecia nexo causal entre la actuación de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) y el daño causado a los padres de Lucía y habla de «falta de colaboración en la búsqueda» por parte del ente público, al que condena a indemnizar a la familia con la suma de 176.239 euros.
«Esto no está pagado con nada. El dinero es lo que menos importa. Te lo puede decir el abogado (han puesto el caso en manos de Marcos García Montes), jamás hemos hablado de dinero y no queremos que se centre en eso. Lo importante es que se demuestre qué se hizo mal en la búsqueda. Esto le ha pasado a mi niña, pero mañana le puede ocurrir a cualquier otra persona», explica la madre de la pequeña.
Los argumentos de la familia, que el juez hace suyos, son los siguientes: las cámaras de seguridad de la estación no se visionaron adecuadamente; no se suspendió el tráfico ferroviario de la mañana, pese a que la niña seguía desaparecida; y el tren que supuestamente la arrolló circuló «marcha a la vista» -una velocidad reducida que le permitiera parar en cualquier momento- sólo en la estación de Pizarra y no en un tramo más amplio, teniendo en cuenta que no se conocía el paradero de la pequeña.
«A la que se ve en la cámara es a mi hija. Por eso, lo más probable es que todo se habría evitado si hubiesen hecho bien su trabajo y hubiesen mirado correctamente las cámaras a partir de las 23:30 horas, que fue cuando desapareció. Eso es lo que pienso. Gracias a Dios que este juez ha visto algunos de los errores que han cometido por parte de ADIF», sentencia Almudena.
La resolución judicial supone un impulso para seguir peleando «en busca de la verdad». La madre de Lucía añade: «Estamos contentos porque esta sentencia nos va a ayudar en la vía penal para que se vuelva a reabrir la investigación y que se aclare lo que sucedió aquella maldita noche. Esta vía (la contencioso-administrativa) teníamos que seguirla por protocolo, pero nos interesa la otra. Que se vuelva a investigar. Mi hija no llegó hasta allí sola, a mi niña se la llevaron», concluye.
Los errores de ADIF
La sentencia del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 4 de la Audiencia Nacional, que es recurrible en apelación, se pronuncia con dureza sobre la actuación de la administración ferroviaria: «Resulta indubitado la falta de colaboración por parte de ADIF en la búsqueda de la hija de los recurrentes, tal como se alega por éstos, pues el Centro de Protección y Seguridad de Sevilla no procedió al correcto visionado de la grabación de las cámaras de seguridad instaladas en la estación de Pizarra, lo que hubiera facilitado la localización de la menor».
Al respecto, el juez indica que, tras una primera comunicación, «dicho centro informó de que no se veía nada en la grabación y posteriormente, cuando ya era demasiado tarde, sí que se confirmó que aparecía la imagen de la niña» caminando hacia las vías del tren, en dirección a Álora. Y añade: «Bastaba con el visionado de las imágenes grabadas durante 10 minutos, concretamente desde las 23.30 a las 23.40 horas, pues ese fue el lapso temporal en el que la menor desapareció en presencia de sus familiares, y ese visionado se debería haber realizado con la diligencia y minuciosidad que el asunto requería».
El magistrado considera que los servicios de seguridad de ADIF «no actuaron así» y ello provocó que la búsqueda de la menor, siendo noche cerrada, «no se dirigiera hacia una dirección determinada, sin cotar ningún lugar para la búsqueda».
También apunta el fallo que, aunque la suspensión del tráfico ferroviario era una medida «muy drástica», estaba justificada teniendo en cuenta que era posible que la menor anduviese por las vías.
«Tampoco se adoptó correctamente la medida de seguridad de marcha a la vista», sostiene el magistrado, puesto que se adoptó solamente para la circulación de los trenes por la estación de Pizarra. A su juicio, esta medida tendría que haberse aplicado varios kilómetros antes y después: «Perfectamente podían haber sido cinco kilómetros los afectados por dicha medida».
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