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Sucedió en el confinamiento. En la zona del Parador de Golf de Añoreta había un par de casas allanadas. Un día, sin previo aviso, se presentó un hombre con más pinta de empresario que de okupa. Sólo fue a informar. «Vamos a instalarnos ... en 15 viviendas», anunció el individuo. «No vamos a okupar las casas de los vecinos, no queremos perjudicar a nadie; sólo vamos a entrar en los pisos que gestiona el administrador concursal y vamos a pagar la comunidad».
A los propietarios, que viven instalados en un sinvivir por la quiebra de la promotora Aifos, les sonó a música celestial: alguien se iba a hacer cargo de los gastos comunes de 15 viviendas. Y así fue. No solo eso, sino que, tal y como se comprometió el emisario al llegar, iban a poner un conserje y a arreglar los dos ascensores, que estaban averiados.
El trasfondo, evidentemente, era otro bien distinto. Lo que sucedía de puertas para adentro lo intuían los vecinos, pero se convirtió en una realidad el jueves por la mañana, cuando una legión de policías nacionales y guardias civiles irrumpieron en la urbanización y registraron varios de pisos okupados.
Según ha podido saber SUR, el punto de mira de los investigadores se centra en una red de narcotraficantes que okupaba viviendas que luego cedía a terceros con la condición de poder disponer de ellas para alijar o, previo acuerdo entre las partes, instalar un vivero de marihuana en su domicilio.
Al parecer, después de que la organización de narcos se apropiara de los 15 pisos, llegó la segunda fase de la trama: buscar inquilinos. Las fuentes consultadas explicaron que, en los días siguientes del mes de agosto, aparecieron por la urbanización unas 15 familias de Rincón de la Victoria dispuestas a instalarse en aquellos inmuebles.
Según las mismas fuentes, el acuerdo con los ocupantes era sencillo: puedes instalarte en la vivienda si pagas la cuota de la comunidad (50 euros) y si me dejas libre disposición del piso. Si además le permitían instalar un vivero de marihuana, podía obtener una remuneración.
A su llegada, los okupas mejoraron considerablemente la comunidad. Para empezar, limpiaron y adecentaron las viviendas, pulieron los suelos... Hasta instalaron una barbacoa en la parte posterior, donde se reunían para hacer sus fiestas.
Pero bajo esa capa de normalidad, que los propios vecinos aceptaban por el simple hecho de que pagaban las cuotas, había una red de narcos. Entre los registros de Añoreta, y los que posteriormente se hicieron en otras localidades de la provincia, la Policía Nacional y la Guardia Civil han encontrado una decena de plantaciones –unas activas, otras, no– de marihuana. En la operación han sido detenidas 21 personas y se han realizado varios registros domiciliarios.
Según relata a SUR uno de los propietarios legítimos de uno de los inmuebles, cuando llegaron los okupas dijeron que se instalaban «en son de paz». Este vecino, que prefiere no dar su nombre, señala que su presencia en el bloque no derivó en los problemas de convivencia que se suelen producir en situaciones similares. «Al mes de mudarse empezaron a llegar con unos cochazos», apunta: «Era gente normal».
Sin embargo, otra vecina de la zona –no es propietaria de los bloques de Aifos, pero vive a pocos metros y pasa por allí a diario–, sí recuerda un incidente en el tramo final del confinamiento. «Hubo una especie de pelea con gente que vino de fuera, vino la Guardia Civil y estuvo la cosa tensa durante unos días».
Otro vecino, que de igual manera prefiere no emplear su nombre, afirma que no se han producido problemas de convivencia, ya que es un lugar «apartado», para el que hace falta coche, lo que hizo que no se okupasen todos.
Ya por el año 2003 se formalizaron las primeras compras del Parador de Añoreta, unos apartamentos ubicados en la zona alta de la urbanización. Estaba siendo construidos por Aifos, empresa que en 2009 entró en concurso de acreedores. Su situación judicial no se ha regularizado y la actual administración concursal es actualmente la propietaria de gran parte de las viviendas que fueron okupadas por la red ahora desmantelada.
Los propietarios con los que han contactado SUR afirman que la situación es «crítica» y «compleja», ya que están atados de pies y manos en el plano administrativo. «Un grupo de vecinos nos encargamos en su día de constituir la comunidad de vecinos y tratamos de mantener esto decente, pero mira lo que ha pasado;esto es un problemón», declara anónimamente uno de ellos. Las casas vacías son, a su juicio, «un problemón» y piden al juzgado que actúe «ya».
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