La operación de la Guardia Civil en El Limonar destapa un supuesto fraude fiscal de 100 millones

El «gran fraude» a la Agencia Tributaria (AEAT), como lo denomina la propia jueza instructora, superaría los 40 millones sólo en la trama principal y alcanzaría los 100 millones si se le suman, en el periodo de cinco años que alcanza la investigación, las tramas adyacentes.

No en vano, la instrucción, dirigida por el Juzgado número 11 de Sevilla, ha dado lugar a una causa principal y a numerosas piezas separadas relacionadas con las sociedades investigadas, que se extienden a otras regiones como Extremadura o Cataluña. La jueza indaga en posibles delitos de falsedad documental, contra la Hacienda Pública y blanqueo.

Los investigadores de Policía Judicial de la Comandancia de Sevilla, auxiliados por los inspectores de Hacienda, han desenredado una maraña societaria hasta llegar al nudo gordiano de la misma, un empresario sevillano que, junto a su hijo y a su yerno, se habría enriquecido mediante la evasión de impuestos.

Según la jueza instructora, los principales artífices del fraude se habrían valido de una red de testaferros y colaboradores, entre ellos un empleado de una sucursal bancaria de la capital hispalense y un abogado malagueño, cuyo domicilio y despacho profesional fueron registrados por la Benemérita durante la operación.

En la fase de explotación de la operación policial, que arrancó este martes 20 de febrero en distintas localidades, la Guardia Civil ha detenido a una treintena de personas y ha inspeccionado otros tantos domicilios, oficinas y locales comerciales, además de intervenir bienes de todo tipo, entre ellos algunos coches de lujo.

La investigación se originó tras una denuncia de la Fiscalía Provincial de Sevilla por un posible delito contra la Hacienda Pública cometido a través de un entramado de empresas en el sector de los hidrocarburos y que habrían defraudado 767.382 euros en IVA en el ejercicio de 2019.

Los agentes del Instituto Armado, con ayuda de los inspectores de la AEAT, revisaron los años siguientes, es decir, hasta 2023. Según la documentación a la que ha tenido acceso SUR, la cantidad presuntamente defraudada en 2020 sería de 1,2 millones; en 2021, ascendería a 42,5 millones; en 2022 llegaría a los 7,7 millones; y en 2023 alcanzaría los 43,5 millones.

La mercancía con la que se cometían esas supuestas irregularidades es el combustible. El mecanismo es complejo. Cuando éste se encuentra en depósito fiscal o depósito distinto al aduanero, entra en lo que se denomina 'régimen suspensivo' tanto del impuesto especial de los hidrocarburos (IEH) como del IVA. Esa suspensión se extiende a todas las operaciones de compraventa que se hacen dentro del depósito.

Sin embargo, cuando se produce una venta y el combustible se extrae del depósito fiscal, dicho régimen suspensivo acaba y se devenga tanto el IEH como el IVA. El importe de estos impuestos ya está integrado en el precio al que adquiere el producto el empresario de la gasolinera.

En la trama investigada, según los indicios y pruebas recabadas, el cliente final abonaba el IVA al recibir el producto, pero esa suma no se ingresaba en el tesoro público porque se interponía otra empresa que se encargaba de desviar ese dinero.

Para la jueza, la distracción de ese IVA les permitía ofertar el producto a los minoristas a un mejor precio que la competencia, con lo que se conseguía incrementar la facturación y obtener unas importantes cantidades de dinero y de IVA que no se ingresaba al fisco.

Según las investigaciones, para no pagar el IVA, la empresa interpuesta supuestamente inventaba cuotas de IVA soportado, no declaraba correctamente o presenta las declaraciones reconociendo sus deudas porque la persona que estaba detrás «era insolvente y sabía que no iba a hacer frente a las mismas».

Las cuentas bancarias en las que se ingresaban los pagos de los clientes -los dueños de las gasolineras- era de sociedades «creadas para la defraudación» y se vaciaban con diferentes transferencias, de manera que, cuando los servicios de recaudación intentaban recuperar las deudas, ya no quedaban bienes ni dinero.

En resumen, los investigados, según la magistrada, hacían uso de entidades mercantiles y sedes ficticias -muchas de ellas eran sociedades instrumentales- para obtener elevadas cantidades elevadas de dinero que después sacaban del patrimonio de estas empresas, «dejándolas insolventes y vaciando sus cuentas para impedir embargos».

La jueza insiste en que «emitían, compraban o vendían facturas falsas», declaraban cuotas soportadas de IVA que no se correspondían con la realidad o no presentaban las correspondientes declaraciones a la AEAT, siempre según las pesquisas.

La trama también hacía uso de cuentas bancarias a nombres de testaferros a los que controlaban y utilizaban las tarjetas bancarias de dichas cuentas, lo que «dificultaba el descubrimiento de la actividad ilícita y de los reales partícipes de los delitos investigados».