Cuando los menores no aceptan los límites: las fugas aumentan con la pandemia y ya superan las 300 al año

Los agentes del Grume han detectado un claro aumento de estos casos a raíz de la pandemia de la Covid-19. El confinamiento y las restricciones motivadas por el coronavirus restan aún más cuota de la libertad que anhelan los menores, lo que a veces desemboca en fugas temporales del domicilio que los padres viven con la angustia de una desaparición.

En 2021 se han registrado más de 300 denuncias en Málaga, casi una al día, y eso sólo en la demarcación de la Policía Nacional. No obstante, algunas están protagonizadas por los mismos menores, que son reincidentes: los investigadores del Grume recuerdan el caso de un adolescente que se escapó hasta cuatro veces en tres meses.

El jefe del grupo las disecciona en tres tipologías. La primera es la de las fugas voluntarias del domicilio, que suelen resolverse felizmente en el plazo de 24 a 72 horas, y que representan más de la mitad de las denuncias que investigan. El perfil habitual, menores de 15 o 16 años; «de 17 apenas hay, porque a esa edad tienen más libertad», matiza Julián.

Se producen casi siempre en fines de semana o festivos (en verano, curiosamente, descienden bastante, porque los padres les dejan salir hasta más tarde), de ahí que las denuncias se presenten casi siempre el domingo y sobre todo el lunes, que es el peor día de trabajo en el Grume.

«Julián es uno de los agentes a los que más se molesta de comisaría; su teléfono no deja de sonar los fines de semana», bromea el inspector jefe José Manuel Rando, responsable de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) en Málaga, a la que pertenece el este grupo especializado en asuntos relacionados con menores.

Rando destaca la psicología de sus agentes a la hora de abordar estos casos: «Es uno de los grupos que más [psicología] tiene, pero también es el que más debe tener. Hablan con padres que están destrozados, tienen que consolarlos, al mismo tiempo hay que preservar el interés del menor, investigar... Todo eso implica un enorme desgaste profesional y personal».

La mayoría tiene unos denominadores comunes: «Los padres no les dejan salir –explica Julián–, no les dan dinero o no quieren que vayan con una determinada persona, novio o amigo». Cuando el cordón umbilical salta por los aires, el menor corta cualquier conexión con la familia. Apaga el móvil y deja de usar redes sociales. Ese es otro rasgo diferencial: «Son nativos digitales. Abren y cierran cuentas con una facilidad enorme».

En este cajón de sastre hay una casuística enorme, precisa el inspector, que tiene que conseguir una información previa para clasificar el grado de inquietud que genera: si existen antecedentes previos de fugas, la relación con la familia, con su entorno o sus amigos, si tiene problemas en el colegio o el instituto...

Málaga cuenta con un protocolo específico que emana del que utiliza el Centro Nacional de Desaparecidos, que desde 2019 coordina todas las búsquedas. Hay una veintena de preguntas clave que los investigadores necesitan responder para saber a qué tipo de caso se enfrentan.

De hecho, la búsqueda siempre empieza ahí, en el entorno. «Cuando indagamos, nos encontramos con algo que se ha vuelto muy común en la juventud hoy día: los padres no saben realmente quiénes son los amigos de sus hijos porque esos círculos sociales se construyen a través de las redes», explica Julián, que lanza un consejo: «Cuando tu hijo empiece a salir, recaba los teléfonos de sus amigos. O al menos, el de su mejor amigo».

El inspector aprovecha también para derrumbar el falso mito de las 24 horas: «No hace falta esperar que pasen para denunciar. Pueden y deben contactar con nosotros desde el momento en que detectan la ausencia. Todas las desapariciones se investigan desde el primer minuto y todas, cuando hablamos de menores, se consideran inquietantes».

Dentro de este grupo, las más preocupantes son las fugas voluntarias provocadas por adultos –que se citan con ellos a través de Internet– o por problemas personales o familiares, ya que en estas últimas planea el temor al suicidio. O simplemente para proteger al menor del entorno que le ha empujado a marcharse.

Sucedió el pasado septiembre en Málaga, cuando un menor de 15 años estuvo 20 días desaparecido sin motivo aparente. Se había escapado varias veces seguidas en poco tiempo, pese a que no tenía problema en el colegio ni con sus amigos. Los agentes ya se temían lo peor y hasta trazaron su perfil genético por si la búsqueda tenía el peor desenlace.

Lo acabaron localizando en un parque de Estepona. Dormía en la playa y se alimentaba del bocata que le cedían en el recreo los alumnos de un instituto de la localidad. Al indagar en el motivo de sus constantes fugas, los agentes descubrieron que sufría malos tratos por parte de la madre, a la que se le ha retirado provisionalmente la custodia.

La segunda casuística es la de las fugas de centros de menores tutelados por la Junta de Andalucía, otro clásico de los lunes. La media de edad desciende a los 13 o 14 años. Según el inspector, representan prácticamente la otra mitad de las denuncias. Para resolverlas, el Grume cuenta con la colaboración de la Policía Autonómica.

El tiempo, como siempre, juega en contra en estos casos. Además del peligro para el propio adolescente, está el hecho de que se encuentra bajo la tutela de un organismo público y si comete alguna infracción mientras permanece huido, el responsable civil subsidiario es la administración. Incluidos los daños a bienes o a terceros que pudiera provocar.

La inmensa mayoría suelen quedar resueltas el domingo por la tarde, bien porque se le localiza antes, bien porque el menor regresa por su propio pie al centro de protección. «La fuga es sólo para salir de marcha, por eso vuelven ellos mismos. No quieren pasar frío», cuenta el inspector.

Por último, el tercer tipo de desaparición es el de los llamados secuestros parentales, que se producen cuando uno de los padres se lleva a sus hijos sin el consentimiento del otro, privándole de los derechos inherentes a la patria potestad, como sucedió, por ejemplo, en el caso de Juana Rivas. El perfil aquí es más claro, porque son niños.

El mando del Grume asegura que, en los dos primeros supuestos, casi todas las denuncias están resueltas, salvo casos concretos como la de David Guerrero Guevara, más conocido como el 'niño pintor' de Málaga, en paradero desconocido desde 1987, un caso que constituye un rompecabezas que nadie ha sido capaz de resolver.

Las del tercer grupo, los secuestros parentales, son las más complejas, porque las investigaciones conducen, por lo general, al extranjero. En estos casos entra en juego el Convenio de La Haya (1980), al que está suscrito España, para lograr lo antes posible la restitución del menor, aunque es un camino mucho más angosto.