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La noticia saltó a primeros de diciembre. El titular: un hombre fue detenido en Estepona por la muerte del supuesto acosador de su hija. El agresor quedó en libertad provisional porque, inicialmente, la policía lo consideró un homicidio imprudente al entender que su intención no fue matar a la víctima.
Mes y medio después, la familia del fallecido ha puesto el caso en manos del abogado Marcos García Montes, quien ha recurrido la puesta en libertad del agresor y pide su ingreso en prisión provisional. El letrado asegura que las diligencias que han solicitado podrían probar que fue un homicidio simple o incluso agravado, en lugar de imprudente.
Los hechos ocurrieron a las 12.30 horas del sábado 4 de diciembre, cuando el encausado se encontró al salir de trabajar con el supuesto acosador, que tomaba café en un bar de Estepona. Al parecer, el investigado le hizo un comentario y se produjo un rifirrafe en el que la víctima -a la postre fallecido- acabó en el suelo.
El agresor, según informó la policía, le propinó varias patadas en el costado. En el momento del ataque, el hombre calzaba unas botas reforzadas en la punta con un material de acero. Negó a la jueza que se las hubiera calzado con el fin de cometer la agresión, sino que -insistió- forman parte de su uniforme de trabajo.
Según testigos, mientras golpeaba al perjudicado, el agresor hizo alusión al supuesto acoso sufrido por su hija. Finalmente, unos clientes se interpusieron en el ataque y lograron separarlos, de manera que ambas partes abandonaron la cafetería por separado y por su propio pie. El agredido fue al médico, donde sólo apreciaron unas contusiones.
Sin embargo, solo un día después -el domingo por la mañana-, la víctima de la agresión comenzó a encontrarse mal en su domicilio y su pareja llamó a una ambulancia. Mientras era asistido, entró en parada cardiorrespiratoria. El paciente ingresó en estado crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de un hospital de Marbella y falleció en el quirófano cuando era intervenido de urgencia del bazo.
Tras la denuncia de la pareja del finado, la comisaría de la Policía Nacional en Estepona abrió la investigación que desembocó en la detención del presunto autor, que reconoció en todo momento la agresión. El juzgado de Estepona no entró a calificar los hechos a la espera de la autopsia.
La agresión se enmarcó en el supuesto acoso sufrido por la hija del agresor. Esa situación habría comenzado cuando era menor de edad. Concretamente, tenía 15 años y él, 53. Eran vecinos y a sus familias las unía una estrecha amistad, de ahí que él tuviera el número de móvil de la adolescente y se intercambiaran mensajes con normalidad.
En un momento determinado, la menor contó a sus padres que el vecino, el amigo de siempre de la familia, se insinuaba y parecía estar enamorado de ella, a juzgar por los mensajes, aunque cuando la adolescente se lo reprochaba, dentro de la conversación, él zanjaba el tema alegando que sólo bromeaba.
El asunto derivó en una denuncia por acoso sexual presentada por los padres de la menor en junio del año 2017. Fuentes cercanas al caso indicaron que se dio cuenta de los hechos al juzgado, pero que las diligencias se archivaron entre la posibilidad de un malentendido y la sospecha de la familia de que ahí hubiera algo más.
Si bien ese fue el origen, el detonante, en realidad, habría sido otro. Tras la denuncia de 2017, las familias perdieron el contacto. Hace un par de meses, la joven, que ahora tiene 20 años, se encontró causalmente por la calle con el supuesto acosador. Al parecer, el hombre le hizo algún comentario y le echó el brazo por encima.
La chica se asustó y se lo contó a su novio. Él, a su vez, se lo dijo a la madre de ésta. Y la mujer acabó contándoselo a su marido, que terminó agrediendo a su vecino el 4 de diciembre cuando se lo encontró en el bar de Estepona.
El abogado Marcos García Montes recuerda que, según el atestado policial, cuando los policías analizaron la conversación de WhatsApp mantenida en 2017 entre el denunciado y la menor, «no se observaron indicios de haber cometido un ilícito penal».
«La familia se encuentra, amén de preocupada, dolida por el tratamiento que los medios de comunicación han dado al caso, haciendo constar el móvil inexistente de un supuesto abuso previo que jamás dio lugar a procedimiento judicial alguno», explica el letrado en un comunicado.
En un escrito fechado el 10 de enero, García Montes solicita al juzgado que se tome declaración a la familia del finado y a una serie de testigos de la agresión, que se indague en las características de las botas de acero que calzaba el autor, y que se apremie al Instituto de Medicina Legal (IML) de Málaga para que envíe el informe preliminar de la autopsia.
Todo ello -resalta el abogado en su comunicado- con el objetivo de aclarar que los hechos «lejos de constituir un delito de homicidio imprudente, se reflejarían en el tipo legal del asesinato y en su caso homicidio doloso».
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