Sucesos Málaga

«Mató a mi padre y ahora se ríe de nosotros y de la justicia española»

El agresor volvió inmediatamente a su país junto a su familia. La Policía Nacional tuvo que investigar para identificarlo y tardó tres meses en detenerlo. Fue juzgado dos años más tarde. Reconoció los hechos y fue condenado por homicidio imprudente.

Mark T. aceptó una pena de dos años de cárcel y una indemnización de 183.500 euros para la familia de Mario Sauco, que dejaba viuda y cuatro nietos a los que solía cuidar para que sus tres hijas pudieran ir a trabajar. Ellas siempre consideraron «liviana» la sentencia.

El británico solicitó la suspensión de la pena a condición de que no volviera a delinquir y de que pagara la responsabilidad civil. En la sentencia se recoge un calendario de pagos de 60 cuotas a razón de 3.051 euros mensuales para saldar la indemnización concedida a la familia del fallecido.

El juzgado le advirtió de que a la tercera mensualidad incumplida, se le revocaría la condena y tendría que ingresar en la cárcel para responder por la muerte de Sauco. Han pasado seis años desde el homicidio y cuatro desde que se le impuso la condena. Y Mark T. no ha ingresado ni un solo euro, como denuncia la familia y confirma el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Durante los primeros meses, el británico envió varios correos electrónicos al Juzgado de lo Penal número 5 de Málaga -encargado de la ejecución de la condena- alegando problemas con las transferencias bancarias, pero lo cierto es que, al menos hasta el día ayer, la cuenta judicial no había recibido cantidad alguna a nombre de Mark T.

«Se está riendo de nosotros y de la justicia española», expresa enfada Verónica Sauco, la mayor de las tres hijas de Mario, que siguen residiendo en Fuengirola. «Llevamos seis años sin mi padre y seguimos en las mismas. No entiendo por qué las personas perjudicadas, las víctimas, tienen menos derechos que los criminales».

Verónica y sus hermanas, Analia y Elisabeth, están convencidas de que el condenado ha usado la confesión sólo para eludir la cárcel. «Si ese hombre se hubiera acercado a nosotras y nos hubiera dicho algo, que se equivocó y que nos pedía perdón, la situación habría sido menos dolorosa. ¿Pero esto? Dijo que era culpable para quedar libre y después no ha hecho ni una transferencia. Eso es burlarse de nosotros».

El despacho Herrera&Ábalos, que representa a la familia Sauco en la causa, solicitó a finales de 2020 que se revocara la suspensión de la pena por el reiterado incumplimiento del calendario de pagos y que el británico entrara en prisión. El juzgado lo hizo y dictó una orden internacional de detención (OID) y una orden europea de detención (OEDE) contra Mark T. para encarcelarlo por el homicidio.

El bufete de abogados contactó con el magistrado de enlace español en Reino Unido y con un organismo británico que se dedica a ejecutar sentencias civiles y mercantiles dictadas en el extranjero, al que recurren en busca de ayuda con la parte de la responsabilidad civil del proceso penal contra Mark T. por la muerte de Mario Sauco.

Para colmo, la salida del Reino Unido de la Unión Europea cambió por completo el marco normativo, aunque los abogados de la familia Sauco se aferran a que los hechos son anteriores al Brexit.

Curiosamente, mientras se fraguaba este reportaje, y tras años sin comunicación alguna con el juzgado, Mark T. envió un nuevo correo electrónico a la Letrada de la Administración de Justicia (LAJ) del Penal 5 para informarle de que ha sido arrestado recientemente -aún no hay confirmación oficial- en virtud de la orden europea de detención por el impago de la indemnización.

En el e-mail, el condenado vuelve a insistir en que siempre ha habido «un problema» con el envío de dinero a la cuenta y dice que, según la OEDE, la prisión y la extradición a España se evitarían si se ajusta al calendario de ingresos, por lo que se ofrece -una vez más- a actualizar el pago y regular su situación.

El juzgado ha notificado ya a las partes del contenido del mail y ha pedido que se avise a Interpol, a la oficina Sirene (cuya misión es completar las descripciones y requerimientos de los expedientes) y al Grupo de Localización de Fugitivos de la Policía Nacional para que informen de la situación personal del condenado.