Málaga consigue el cuarto juzgado de violencia de género

El Gobierno ha dado luz verde a la puesta en marcha de este nuevo órgano judicial con la condición de que, además de atender los asuntos de violencia machista de la capital, el mismo abarque también los que tengan lugar en Torremolinos, como explica el juez decano de Málaga, José María Páez, en declaraciones a SUR.

«Esto hará que aumente el volumen de casos, pero esperamos que tenga un efecto positivo», valora. En este sentido, el decano de los jueces malagueños hace hincapié en que la creación del cuarto juzgado de violencia sobre la mujer va a permitir que los cuatro órganos judiciales estén en funcionamiento en horario de mañana y de tarde.

Se trata de una cuestión importante porque, de momento, los casos que llegan después de las 14.00 horas son atendidos en primer lugar por un juzgado de instrucción para recaer posteriormente en un juzgado especializado en violencia contra la mujer. Esto, como lamenta Páez, contribuye a la revictimización de las perjudicadas al tener que pasar dos veces por el mismo proceso.

«Eso es lamentable y era algo que veníamos denunciando de manera insistente, y por lo que llevamos reclamando años este cuarto juzgado», apunta el juez decano. El contrapunto, indica, es que las víctimas de Torremolinos tendrán que desplazarse a Málaga capital, aunque considera que su puesta en marcha ayudará a agilizar de manera notable los asuntos que tienen que ver con la violencia machista.

Al parecer, a priori se bajara que su puesta en marcha se produzca a mediados de este año, aunque de momento se desconoce dónde se va a ubicar dentro de la Ciudad de la Justicia. Como puntualiza el juez decano, se trata del único órgano jurisdiccional que se creará este año en Málaga, a pesar de que, por el volumen de casos, también urge un nuevo juzgado de primera instancia.

Este cuarto juzgado especializado en la violencia de género era una de las principales reivindicaciones de la Comisión de Coordinación de Violencia de Género de Málaga, integrada por representantes del ámbito judicial e institucional, servicios sociales y fuerzas de seguridad.