Todo comenzó en Benalmádena a raíz de la detención de un menor extranjero. Los agentes de la Policía Nacional descubrieron que se había desplazado a España para asesinar al miembro de un grupo motero rival. Pero la investigación reveló que no era un caso aislado: detrás de este encargo había una organización que captaba a adolescentes en Suecia y Dinamarca para cometer ajustes de cuentas en los que usaban hasta explosivos.
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Los agentes descubrieron que el menor había sido objeto de un proceso de reclutamiento a través de las redes sociales -la banda utilizaba un canal de Telegram para captarlos- y posteriormente los habían enviado a España para cometer el asesinato. Para llevar a cabo el crimen, la red tenía previsto el envío de un fusil de asalto y había planificado la huida del autor, que en un primer momento sería con un patinete eléctrico.
En paralelo al arresto de Málaga, se detuvo en Dinamarca a otros dos menores de edad, también de nacionalidad sueca, que se habían desplazado hasta ese país con la intención de cometer otro asesinato. A estos adolescentes se les intervinieron dos armas de fuego.
La segunda fase de la operación se dirigió a localizar, identificar y detener a los miembros de la organización que reclutaban a estos jóvenes, encargaban los asesinatos, gestionaban el tráfico de armas y drogas, y blanqueaban el dinero obtenido con los crímenes.
La investigación permitió constatar que de esta red criminal formaba parte un matrimonio y su hijo menor, quien, junto a su padre, jugaba un papel fundamental en la contratación y pago a otros menores encargados de cometer los asesinatos.
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A principios de noviembre, agentes del GOES realizaron una entrada en un domicilio de San Juan (Alicante), donde se detuvo a los padres y el menor miembros de la organización. En esta vivienda era donde se centralizaba toda la actividad de la organización y estaba constituida como «centro de operaciones».
Las pesquisas policiales, además, han destapado una importante red criminal entre Suecia y países del Este de Europa que aún está siendo objeto de investigación, coordinada por Europol y Eurojust, para lo que se cuenta con la colaboración de los cuerpos policiales de Suecia y Dinamarca.
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