«Localización secreta», la estrategia para celebrar fiestas privadas pese al toque de queda

Las irremediables ganas de fiesta de una parte de la población han hecho que prácticamente todas las semanas desde que se volvieron a aplicar medidas restrictivas salgan a la luz escenas de eventos ilegales. A la vez que los que persiguen mantener la diversión a toda costa trabajan en métodos cada vez más discretos, las fuerzas del orden han aumentado su presencia allí donde se cuecen estos encuentros: en las redes sociales y sistemas de mensajería, especialmente en WhatsApp e Instagram. «El que quiere que la convocatoria vaya a alguna parte y tenga acogida sabe que tiene que difundirla», explican a SUR efectivos del Grupo de Investigación y Protección de la Policía Local de Málaga (GIP), unidad encargada de rastrear internet en busca de infracciones (a veces potenciales).

La semana previa al fin de semana de Todos los Santos fue especialmente bulliciosa en este aspecto, por la proximidad de las cada año multitudinarias fiestas de Halloween. Durante esos días, las redes sociales de Málaga se llenaron de llamadas a la diversión en mansiones del terror y otras citas singulares, lo que llevó a Policía Local y Policía Nacional a desplegar un dispositivo especial en los puntos calientes de la capital y la provincia para evitar que se llevasen a cabo. A este trabajo se sumó la labor de las ciberpatrullas –en el caso de la Policía Nacional, encarnadas por la Unidad de Ciberdelincuencia–, un pilar cada vez más importante para evitar estas irregularidades.

Las restricciones de movilidad han derivado en toda una sistematización de la celebración de eventos irregulares, y en este nuevo universo los agentes del GIP distinguen dos perfiles distintos de convocantes a eventos privados. Por un lado están los establecimientos públicos: bares, restaurantes y salas que, moviéndose en el filo de la norma, tratan de mantener su actividad comercial a base de eventos. Por otro lado están las iniciativas privadas en domicilios particulares, más difíciles de perseguir y detectar.

Cuando los agentes del GIP identifican estas convocatorias se activa un proceso encaminado a evitar su celebración (y que haya que tramitar un expediente sancionador). Actualmente «la mayoría de fiestas que se planifican están incumpliendo alguna normativa», indican investigadores, que una vez han detectado la potencial cita en un establecimiento abierto al público suelen realizar una inspección previa para comprobar la situación administrativa del local. Esta toma de contacto finaliza, por lo general, con un apercibimiento: los agentes le indican que no puede celebrar el evento y que si lo hace se estará exponiendo a una multa segura, ya que habrá policías comprobando que se cumpla lo acordado en el marco legal en un itinerario especial.

La semana previa a Halloween, los perfiles en redes sociales del GIP habían localizado varias llamadas a la fiesta, y fueron apercibidos todos los promotores. Antes del fin de semana, solo en la capital, los agentes habían identificado casi una decena de eventos, en algunos casos con condiciones completamente «incompatibles» con el toque de queda, como una sala de fiestas que comenzaba a ofrecer las consumiciones y un concierto a las diez de la noche.

En la Policía Local se han dado cuenta de que durante la pandemia muchos establecimientos buscan aferrarse a los posibles resquicios legales, argumentando que lo que se está organizando es «una fiesta entre amigos» o una «reunión» en la que para acceder solo hay que aportar «un donativo». Los efectivos, no obstante, están capacitados para distinguir cuando se trata de una fiesta abierta al público y cuando no, por lo que esas excusas «no valen».

En el GIP aseguran que la mayoría de la población está cumpliendo y que gran parte de las infracciones son leves, aunque también hay otras que sobrepasan «por mucho» las restricciones. Los agentes destacan, a modo de ilustración, una 'rave' (macrofiesta de música electrónica) celebrada hace unas semanas en la capital. Actualmente, la mayoría de las infracciones son por el incumplimiento de las medidas de aforo reducido.

En cuanto a las fiestas privadas en domicilios, los efectivos reconocen que su rastreo es «más complicado», aunque se han identificado varias en las últimas semanas. En estos casos, la mayoría de las actuaciones se han originado a raíz de un aviso por ruido o problemas de convivencia originados una vez la fiesta ya está en marcha. «Algunas son convocatorias semipúblicas, abiertas a amigos en casas de particulares o pisos turísticos, pero aun así a veces las detectamos». Las sanciones más habituales en este contexto son por exceso de aforo, ruido (en función de la ordenanza), falta de mascarilla, distancia social y otros menesteres.

Si algo tienen en común este tipo de celebraciones es, a los ojos de los agentes del GIP, el paso de la información por las redes sociales, ya sea antes, durante o después de la fiesta en cuestión. Algunas de las actuaciones se han originado a raíz de publicaciones de vídeos o fotografías en Instagram o Facebook. Ese nivel de investigación sobre el hecho consumado ha desembocado en varias denuncias en Málaga y provincia, aunque la difusión de dichas imágenes también permite a los efectivos policiales estar prevenidos de cara al futuro, identificando círculos de flujo de convocatorias además de puntos calientes en los que pueden estar teniendo cabida fiestas privadas o en establecimientos públicos. «Los que van a esas fiestas suelen ser los mismos, todo ayuda», apuntan desde el GIP.

Por último, según las fuentes consultadas, el perfil de convocantes y participantes a estos eventos es «joven», aunque también se han dado «bastantes casos» en los que los sancionados eran de mediana edad, lo que demuestra que las irresponsabilidades también son cosa de todos.