Un matrimonio esclaviza durante más de un año a su empleada doméstica

En un descuido de sus captores, la mujer secuestrada logró enviar un mensaje de voz a través de las redes sociales a su hijo, que dio la voz de alarma. Los presuntos secuestradores están en libertad con cargos y se les imputan un delito de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, otro de detención ilegal y un tercero contra los derechos de ciudadanos extranjeros.

En su declaración, la víctima, que habla un dialecto argelino, relató que llevaba años trabajando para sus presuntos captores, un matrimonio de empresarios de su país. Venía con ellos para estancias cortas y trabajaba como asistenta con condiciones laborales normales. Sin embargo, con la pandemia, todo cambió. Las restricciones de movilidad motivaron que los tres, que se desplazaron a España a mediados de diciembre de 2019, tuvieran que prolongar su estancia. Y los arrestados, que inicialmente ofrecieron a la mujer un empleo remunerado con el que podría conseguir la residencia, decidieron aprovecharse de su necesidad y precariedad.

Durante cuatro meses, declaró la víctima, le pagaron 100 euros al mes, menos de lo estipulado inicialmente entre ambas partes. La primera entrega, en mano; las tres siguientes, por transferencia directa a un familiar de la víctima en Argelia. Sin dinero, amenazada por carecer de documentación en regla, la víctima tuvo que transigir con unas condiciones terribles. Sobre todo de escasez de comida, que le provocó una desnutrición le hizo perder más de 20 kilos. Esto le provocó varios desmayos, pero sus explotadores le negaron siempre la asistencia médica, según explicó a los agentes.

La mujer vivía en un minúsculo edificio anexo de la finca, que hacía las veces de garaje, con el cableado eléctrico al aire, sin ventilación y sin más dotación que un camastro, un inodoro improvisado, una nevera y una cocina. Trabajaba sin descanso de lunes a domingo. No estaba encerrada bajo llave, aclara la Guardia Civil, pero tampoco podía acceder al exterior de la parcela vallada perimetralmente en la que residían sus patronos en Agost, un pequeño municipio del interior de Alicante situado a unos 20 kilómetros de la capital de la provincia. Tan solo salía del recinto acompañada, para ir de compras al supermercado. Le aseguraron que si la policía la capturaba a solas fuera del recinto, la detendrían y deportarían.

El miedo la mantuvo encerrada sin necesidad de llaves ni candados. Hasta que, en un descuido, pudo alertar de su situación. Según su testimonio, la víctima disponía de un móvil sin contrato, con el que no podía comunicarse con nadie. Pero un día captó la señal de wifi y se introdujo en una red social para contactar con su hijo. Aunque ni siquiera sabe escribir su nombre (los documentos que le ha proporcionado la policía los ha firmado con una marca) se maneja bien con las nuevas tecnologías.

La mujer mandó a su hijo varios mensajes de voz en los que explicaba las lamentables condiciones a las que la habían sometido. La alerta saltó de Argelia a Castellón, donde reside un conocido. Y de allí, a otro allegado de Alicante, que fue quien llamó a la Guardia Civil.

Los miembros del equipo de mujeres y menores de la policía judicial del instituto armado se personaron en la residencia en la que, según la denuncia, vivían los empresarios, que trataron inicialmente de desviar la atención de los agentes, con los que llegaron a discutir. Acabaron reconociendo que habían retenido el pasaporte de su asistenta, que fue liberada el 19 de diciembre pasado.

Los detenidos son un hombre de 50 años y una mujer de 44. Pasaron a disposición judicial en el Juzgado de Instrucción de Novelda (Alicante). Han quedado en libertad vigilada y con cargos. La víctima, mientras tanto, ha sido trasladada a una casa de acogida de una ONG que ayuda a víctimas de trata de personas. Según fuentes de la Guardia Civil, sigue recuperándose de su calvario.