Juzgan a la exalcaldesa de Estepona, al tesorero y a un abogado por supuestas irregularidades en la venta de parcelas hace 20 años

La exalcaldesa de Estepona, Rosa Díaz y otros dos cargos del Ayuntamiento se sientan este lunes en el banquillo de la Sección Tercera de la Audicencia Provincial de Málaga. Lo hacen para enfrentarse a los tres años de prisión que pide para ellos la Fiscalía, que los acusa de fraude continuado a la Administración en concurso medial con otro de prevaricación. El caso se constituye en torno a supuestas irregularidades en la venta y adjudicación de parcelas a un precio inferior al de mercado a través de sociedades municipales, transacciones llevadas a cabo en el año 2001.

Tal y como han informado fuentes judiciales a Europa Press y ha podido confirmar SUR, además de la regidora, serán juzgados el tesorero y un abogado, quienes actuaban como liquidadores de entidades públicas. Para todos ellos, además de prisión, el Ministerio Público pide diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público durante diez años.

Esta causa fue denunciada y destapada por el posterior regidor, Antonio Barrientos, que puso los hechos en manos de la Fiscalía en el año 2006.

En su escrito de calificación, el fiscal apunta que la exregidora, el tesorero y el abogado se pusieron de acuerdo para «beneficiar» a dos mercantiles en el proceso de enajenación de varias fincas, llevando a cabo las gestiones necesarias «para favorecer a aquellas empresas en el proceso de adjudicación», de forma que «infringieron de forma deliberada diversas normas».

Así, el Ministerio Fiscal sostiene que en 2001 se acordó la transmisión a la empresa municipal Servicios Estepona XXI de cinco fincas por valor de 3,2 millones de euros para ampliación de capital. Ese acuerdo fue elevado a público en marzo de 2002 mediante escritura pública en la que participó la acusada en representación del Ayuntamiento y los otros dos procesados, como liquidadores mancomunados de la entidad municipal. La Fiscalía considera que los ahora procesados se apartaron por completo del concepto de servicio público, ya que permitieron que las transacciones se ejecutaran por precios muy inferiores al de mercado.

Está previsto que el juicio quede visto para sentencia este mismo lunes, aunque en el juzgado se ha reservado un segundo día en caso de que hubiera que celebrar una segunda sesión.

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