Los juzgados de Málaga acumulan casi 100.000 sentencias pendientes de ejecutar

Para que se haga justicia es necesario que las sentencias sean ejecutadas. Y en la provincia malagueña, de acuerdo con los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), quedan 96.939 resoluciones pendientes de este trámite final, que puede prolongarse durante varios meses e, incluso, años. Así se expone en el informe estadístico relativo al primer cuatrimestre del año.

Esta circunstancia, lleva años siendo «uno de los agujeros negros» de los tribunales, como ya ha puesto de relieve en más de una ocasión el propio Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en sus memorias anuales. Y es que, tal y como explica a SUR el juez decano, José María Páez, «al problema de la tardanza en el dictado de las sentencias, se suma el trabajo que continúa después en los juzgados para darles cumplimiento».

Precisamente, la mayoría de las sentencias que permanecen pendientes de ejecución corresponden a la jurisdicción civil, que suma 78.192 asuntos en este estado. Esto sucede, como en el resto de jurisdicciones, porque las personas enjuiciadas no acatan de manera voluntaria las obligaciones contenidas en la resolución judicial, por lo que los tribunales tienen que emprender distintas medidas para forzar el cumplimiento del fallo.

En el caso de las sentencias civiles, el objetivo de las ejecuciones es que las personas con condenas por deudas acaten lo impuesto por los jueces. «La ejecución dineraria suele ser complicada porque se tiene que requerir el pago y, si la persona no obedece o alega que no tiene dinero, hay que iniciar un proceso que no es nada sencillo: se tiene que investigar si tiene cuentas en bancos, si dispone de bienes y, en base a eso, emitir nuevos autos para que el fallo se cumpla», expone Páez.

Como ejemplifica el juez decano, en esta materia también se dan medidas de ejecución que resultan especialmente complejas, como las órdenes de desahucio o lanzamiento en caso de que una vivienda se encuentre ocupada o el inquilino deja de abonar los pagos estipulados por contrato. «La sentencia se dicta, pero luego nos encontramos con que las mismas leyes obligan a la suspensión de la ejecución si la persona que está en el inmueble tiene una situación de vulnerabilidad; ello nos obliga a continuar con el procedimiento», dice.

Precisamente, la estadística del CGPJ señala que de enero a marzo se registraron en los juzgados civiles malagueños 5.056 nuevas resoluciones, una cifra superior a las que se pudieron resolver en este mismo plazo, 4.868. En concreto, los órganos jurisdiccionales que más fallos pendientes de ejecutar acumulan son los juzgados de primera instancia e instrucción, que atraviesan una «situación crítica» en Málaga, de acuerdo con Páez, por la elevada carga de trabajo que soportan.

Los juzgados penales de Málaga también arrastran una cifra importante de condenas que no han sido acatadas por los enjuiciados. En concreto, el primer trimestre finalizó con 17.097 sentencias pendientes de ejecución, aunque fueron más los procedimientos que se resolvieron en este periodo (5.106) que los que ingresaron (3.996).

«Aquí nos solemos encontrar con el supuesto de personas que tienen que ingresar en prisión porque se les han impuesto penas de privación de libertad y que huyen porque no tienen intención de acudir por su propio pie a la cárcel; esto hace que la ejecución se retrase porque tenemos que dictar órdenes de búsqueda y de captura y las autoridades policiales tienen que investigar hasta dar con ellos», señala el juez decano.

De ahí que, aunque sea menor el volumen de causas pendientes de ejecutar en este ámbito que en civil, considere que en Málaga harían falta al menos tres juzgados de lo penal centrados en las ejecutorias, como también ha reclamado.

Por otro lado, la jurisdicción social suma 1.352 resoluciones que no han sido cumplidas, prácticamente el doble de las que se pudieron resolver en el primer trimestre (725), periodo en el que ingresaron otras 670 sentencias. La tardanza en la ejecución de estos casos, pese a ser inferiores en cifras, tiene consecuencias que afectan principalmente a trabajadores, ya que es esta vía la que resuelve las materias relacionadas con el derecho de empleados y de Seguridad Social, como los despidos o las declaraciones de incapacidad.

En el informe trimestral del CGPJ se vuelve a mostrar que la carga de asuntos pendientes también es un problema crónico de los juzgados malagueños. En el primer trimestre, los órganos judiciales de la provincia ingresaron 87.099 asuntos, mientras los magistrados resolvieron 84.359 casos. Pese a ello, quedaron pendientes 160.479.

Asimismo, en el estudio del consejo general se destaca el trabajo de los jueces de la provincia, que pusieron 15.570 sentencias en el citado periodo. La mayor parte de ellas fueron en el ámbito de lo civil (6.823), seguido de lo penal (6.410), de lo social (1.708) y, finalmente, de lo contencioso-administrativo (629).

El juez decano malagueño ya subrayó en la presentación de la memoria de la actividad de los juzgados respecto a 2023, hace unas semanas, que «la Justicia en Málaga está exactamente en las mismas condiciones que el tren litoral, en vía muerta». Una situación que se da, según lamentó, debido a la «falta de previsión» y de medios para paliar la sobrecarga que terminan sufriendo los magistrados, siendo esta una problemática que se ha cronificado en el tiempo.

Al respecto, puso de relieve que el pasado ejercicio únicamente se creó una plaza para Málaga, lo que no se adecúa a las necesidades reales. De hecho, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, teniendo en cuenta las circunstancias que se dan en la capital, ha solicitado para Málaga 19 jueces más para primera instancia, otros nueve para instrucción, tres en penal, cuatro en lo social y uno de vigilancia penitenciaria.

A esta propuesta, el juzgado decano ha agregado otras cuatro plazas, de las que una más iría al ámbito penal, otra a los órganos de mercantil y dos jueces de Adscripción Territorial. Por cada juez, como ha explicado, debe haber nuevas plazas de funcionarios de la administración de justicia. El remedio, a diferencia de lo que se reclamaba años atrás, ya no pasa por la creación de nuevos juzgados puesto que, dado el volumen de asuntos de Málaga, terminan igualmente saturados.

En este sentido, Páez aseguró que la falta de medios está dando lugar a «hechos insólitos», como que muchos jueces decidan jubilarse a los 60 años «porque no pueden más», a pesar de que se les permite estar voluntariamente hasta los 72. Asimismo, ha hecho hincapié en que, al no crear plazas nuevas, se produce «una especie de imposibilidad de promoción profesional».

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