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Un juzgado de Málaga ha concedido la incapacidad permanente total a un auxiliar educativo de 54 años con patologías que le llevaron a tener hasta tres intentos de suicidio. La magistrada ha revocado la resolución emitida anteriormente por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) por la que se que le denegaba dicha prestación.
Así se expone en la sentencia, dictada recientemente por el Juzgado de lo Social número 4 de Málaga, a la que SUR ha tenido acceso. El hombre, que ha estado representado por el letrado Alberto Peyrona, del despacho Parrado Asesores, inició un procedimiento de incapacidad permanente después de sufrir un accidente que agravó sus dolencias debido al estrés postraumático.
Según la documentación médica, aportada en marzo de 2023, padece ciática con discopatía lumbar, enfermedad de Crohn, estrés postraumático y trastorno relacionado con ansiedad y depresión. Pese a ello, el Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI) resolvió que sus achaques físicos no motivaban la declaración de la incapacidad permanente. El afectado decidió llevar su caso a los tribunales.
Tras analizar los informes médicos y periciales, la titular del Juzgado de lo Social número 4 ha llegado a una conclusión opuesta a la del INSS. Precisamente, porque más allá de las dolencias de carácter físico, su estado de salud mental resultaba incompatible con las habilidades que exigía su profesión, con «muy altos requerimientos de comunicación y atención al público», así como la toma de decisiones.
Según fundamenta en la sentencia, la documental prueba que el afectado sufre un cuadro de ansiedad y depresión que ha derivado en un trastorno depresivo con ideación autolítica. De hecho, tuvo hasta tres intentos de suicidio y estuvo internado de manera voluntaria en tres ocasiones entre junio de 2023 y diciembre de 2024 por pensamientos autolíticos recurrentes.
Consecuentemente, señala la magistrada, el hombre está capacitado para desarrollar otro tipo de actividades laborales, siempre que sean sedentarias y livianas, carentes de estrés y de requerimientos intelectuales intensos. Por tanto, se le ha concedido la incapacidad permanente total.
Así, el fallo revoca la resolución dictada hace dos años por el INSS y condena a la entidad a abonar al hombre una pensión vitalicia equivalente a unos 935 euros «con los incrementos, mínimos, límites, revalorizaciones y descuentos que legalmente correspondan, y con efectos económicos de 7 de marzo de 2023».
Desde el bufete de abogados que ha representado al trabajador ponen de relieve que la sentencia muestra cómo «la salud mental toma cada vez más fuerza a la hora de enfocar un caso de incapacidad en la jurisdicción laboral». En este sentido, Peyrona agrega que «el estrés, la ansiedad y la depresión se están convirtiendo en factores que agravan las limitaciones físicas y que merman en gran medida la calidad de vida de las personas afectadas».
A pesar de la resolución favorable, el letrado de Parrado Asesores ha avanzado a este medio que la sentencia será recurrida en suplicación ya que considera que las patologías del trabajador justifican la declaración de la incapacidad permanente absoluta (que inhabilita por completo para toda profesión u oficio), y no la total, que es la declarada por el juzgado de lo social.
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