El Juzgado acuerda la extinción de la pena de prisión para el dueño de la finca donde murió Julen

Serrano fue condenado en enero de 2020 a un año de cárcel y a indemnizar a cada uno de los padres con 89.500 euros, con una cuota mensual de 50 euros. La prisión fue suspendida por dos años, por lo que no ha llegado a ingresar en prisión, aunque este beneficio ha estado condicionado a cuestiones como el pago de la responsabilidad civil, de la que inicialmente abonó 25.000 euros.

Ahora, en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el juzgado indica que ha transcurrido el plazo señalado «sin que el penado haya delinquido nuevamente», por lo que acuerda la remisión definitiva de la pena de prisión y también cancelar la inscripción hecha en la Sección especial del Registro Central de Penados y Rebeldes; mientras que mantiene el pago de la responsabilidad civil.

Al respecto, el magistrado explica que es «indiscutible que el condenado no ha hecho frente a su abono total, habiendo solamente satisfecho durante la ejecutoria una ínfima parte en el sentido que le fue exigido (50 euros mensuales), incluso haciéndolo de forma tardía» y con recordatorios y advertencias por parte del juzgado de que se podía revocar el beneficio de la suspensión de la pena.

Pero estima que el que no se haya producido la satisfacción íntegra de esa responsabilidad civil «no se va a considerar obstáculo para que la pena pueda remitirse definitivamente como ahora se hace, por entender que lo que ha sido satisfecho es acorde a su capacidad económica», sin que conste que haya proporcionado información insuficiente sobre su patrimonio.

No obstante, el juzgado indica que como esa responsabilidad civil, que no prescribiría, «queda pendiente en gran parte», realizará «periódicamente averiguaciones patrimoniales» y se informará de la capacidad económica del penado, «por si fuera procedente la apertura de la vía de apremio o la adopción de otras medidas dirigidas al resarcimiento de las partes perjudicadas».

El letrado del dueño de la finca, Antonio Flores, ha señalado que desde el principio han sostenido que se trató de un accidente y han recordado en declaraciones a Europa Press que David Serrano «no ejecuto las obras del pozo, las encargó a un profesional a todos los efectos», señalando que a pesar de ello «siempre llevará la pena de la tragedia con él».

Los hechos sucedieron el día 13 de enero de 2019. El pequeño cayó en un pozo cuya boca era de 28 centímetros de diámetro y fue encontrado el 26 de enero por los equipos de rescate. Serrano fue condenado por un delito de homicidio por imprudencia grave tras conformarse con los hechos y aceptar el acuerdo alcanzado entre las acusaciones y su defensa.