A juicio la supuesta estafa de una empresa de envíos de Málaga con casi 300 paraguayos afectados

Así considera la Fiscalía que actuaron un hombre y una mujer, propietarios de la entidad supuestamente encargada de realizar envíos, así como otro individuo con el que se habrían puesto de común acuerdo para, presuntamente, consumar el fraude. De ahí que reclame penas de seis años para cada uno, así como una multa de 5.400 euros y que abonen indemnizaciones por las pérdidas a los perjudicados.

Estos hechos, que serán enjuiciados en la Audiencia Provincial de Málaga, ocurrieron durante los años 2011 y 2012. De acuerdo con el relato que hace el Ministerio Público en su escrito, al que SUR ha tenido acceso, los procesados «abusaron de su credibilidad empresarial» para timar a cientos de personas que recurrieron a sus servicios para enviar todo tipo de efectos a Paraguay.

De coches a sillas de ruedas o paquetes con efectos personales que nunca llegaron a los familiares y amigos a los que iban dirigidos, como se indica en el documento de la Fiscalía. Y ello a pesar de que los perjudicados pagaban a la empresa la prestación económica correspondiente, así como los gastos derivados de la contratación de entidades intermediarias y navieras.

Supuestamente, los procesados se quedaban con este dinero sin que luego abonasen las cantidades debidas a las empresas responsables, provocando que muchísimas de las mercancías y los paquetes ni siquiera llegaran a salir de España, «apoderándose los acusados de los mismos».

En otros tantos casos, continúa detallando el Ministerio Fiscal en su escrito, los efectos sí salieron del país, aunque quedaron retenidos en las aduanas de Paraguay ante la «falta de pago de los portes y derechos arancelarios». Una buena parte de los afectados no los han podido recuperar.

Falsedad documental

A todo ello, de acuerdo con el documento de la acusación, hay que sumar la falsedad documental que habrían cometido al poner al menos uno de los contenedores a nombre de uno de sus clientes, y ello a pesar de que que ni siquiera era suyo el contenido íntegro del mismo.

No solo eso, también firmaron presuntamente en su nombre sin su conocimiento ni consentimiento, además de sellar con su firma otro documento de declaración jurada correspondiente al vehículo que el afectado pretendía mandar a Paraguay.

En este caso concreto, el hombre había pagado 2.100 euros a la empresa para hacer llegar su turismo a su país de origen. En el interior del mismo, que estaba valorado por 3.600 euros, portaba asimismo diversas pertenencias por valor de 3.500 euros, de acuerdo con lo expuesto en el escrito acusatorio.

El perjudicado, una vez que supo que el contenedor se encontraba varado en la aduana, tuvo que abonar la cantidad de 3.461 euros para poder recuperar sus efectos. Y esta es solo una de las cientos de historias que hay tras la presunta estafa continuada de la empresa de envíos. En otros casos, los afectados no han vuelto a ver sus pertenencias o ni tan siquiera saben dónde se encuentran.

El Ministerio Público, por su parte, también subraya que la conducta de los encausados ocasionó un grave perjuicio económico tanto a los clientes como a las empresas intermediarias, a las que habría hecho perder cantidades superiores a los 50.000 euros.

Así, los hechos relatados serían constitutivos de un delito de falsedad en documento mercantil y de un delito continuado de estafa de los que los tres investigados tendrán que responder como presuntos responsables en concepto de autores directos y materiales.

Esta semana está previsto que se enjuicie el caso en la Audiencia Provincial. Los supuestos artífices de la trama se enfrentan a una petición de seis años de prisión con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, así como al pago de 5.400 euros, que es la pena que solicita la Fiscalía en caso de que sean declarados culpables.

Asimismo, la acusación insta a que, de dictarse una resolución condenatoria, los procesados indemnicen a cada uno de los perjudicados, tanto a las personas físicas como a las jurídicas, en las cantidades que queden acreditadas durante el juicio o durante la ejecución de la sentencia por las cantidades defraudadas y por los efectos sustraídos.