La joven a la que intentaron violar en Málaga: «En España se protege al abusador y se castiga a la víctima»

Juan Cano

Málaga

Martes, 18 de junio 2024, 00:28 | Actualizado 12:01h.

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A María la intentaron violar dos encapuchados en la calle Cuarteles la madrugada del 28 de enero. Un conductor de VTC lo impidió y ayudó a la Policía Local a encontrar a los agresores, que acaban de ser condenados a dos años de cárcel tras un acuerdo con la Fiscalía, que no se opuso a su libertad. Ya están en la calle y así permanecerán si no vuelven a delinquir durante los próximos cinco años y pagan una indemnización de 239,69 euros a la víctima. Hasta aquí, los hechos probados.

El testimonio de María (28 años) es el de una joven que ha sufrido un delito sexual y que se siente desamparada por el sistema. Al inicio del proceso animaba a denunciar y creía en la importancia de hacerlo para evitar que otras mujeres pasaran por algo así. Ahora no opina lo mismo.

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La entrevista se produce sólo unas horas después de conocer la decisión de la jueza de suspender la pena de cárcel a los agresores, dos jóvenes marroquíes de 21 y 24 años. Sus palabras reflejan la soledad, la indignación y la incomprensión que sienten muchas de las víctimas de la violencia sexual. Y seguramente también las anomalías del sistema.

María sigue yendo al psicólogo porque aún arrastra las secuelas de la agresión sexual. Lleva gastados más de 700 euros. «Una experiencia así te come emocionalmente. El trauma está ahí, y viendo después el resultado... Últimamente estaba mejor, pero la sentencia me ha destrozado», afirma.

Ya no vive en Málaga. Se ha mudado a otra provincia para encontrar la tranquilidad que se dejó aquella madrugada de enero en la calle Cuarteles. «Cuando denuncias, tus datos están en una causa judicial y ellos [los acusados] tienen tu dirección. Ponen una orden de alejamiento, pero al final eso es papel mojado», argumenta.

Buscó el modo de ejercer la acusación particular, pero le denegaron la asistencia jurídica gratuita debido a su sueldo. «Fui al Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) y me dijeron que, como no era víctima de violencia de género, no me podían ayudar. Acudí al SAVA (Servicio de Atención a las Víctimas de Andalucía), y tampoco. Pensé: '¿Cómo me voy a gastar 5.000 euros en un abogado para esto?' Entre la ansiedad que tenía, y encima sola, me dije: que sea lo que Dios quiera. Entonces me explicaron que la Fiscalía protegía a las víctimas. Así que lo dejé en sus manos».

La ley 10/2022, más conocida como la del 'solo sí es sí', recogía en su disposición final la asistencia jurídica gratuita a las víctimas de violencias sexuales. Es más, daba un año desde su entrada en vigor -septiembre de 2022- para que el Gobierno reformara la ley 1/1996 (de justicia gratuita) y las incorporara como beneficiarias. El plazo se cumplió en septiembre de 2023. A día de hoy, aún no se ha modificado.

María es de origen extranjero, como los condenados, aunque ellos se encontraban en situación irregular. Es una profesional de la informática con trabajo y un sueldo decente. «Lo que más me molesta es que ellos sí tuvieron un abogado de oficio que seguramente yo he contribuido a pagar con mis impuestos. Siento como si el Gobierno hubiese sido el culpable», se lamenta la joven, que planea irse de España. «No quiero estar aquí. Este país va a peor. Mi conclusión es que se ha vuelto más inseguro y tributariamente está más explotado. Justo ahora he estado con el IRPF y con lo que he pagado podría haber contratado a varios abogados buenos».

María se muestra tremendamente decepcionada con el Gobierno, la Fiscalía, el Ministerio de Igualdad «y con todas las entidades que dicen proteger a la mujer, como el IAM», apostilla la joven. «Nos utilizan -sigue- como carne de cañón para aumentar el número de víctimas de agresiones sexuales y violaciones y así justificar partidas a determinadas administraciones, pero después tienes que hacer frente sola al juicio. No tiene sentido. En España se protege al abusador y se castiga a la víctima».

Hace unos días, la citaron para declarar en el juicio. Estuvo tres horas esperando y, como ellos aceptaron la pena que pedía la Fiscalía, ni siquiera testificó. Nadie la escuchó, dice, ni le dio una explicación. «Sus abogados [de los acusados] pidieron la libertad y se les concedió sin ningún tipo de problema. Nadie se puso en contacto en ningún momento conmigo para ver qué opinaba. Días después me enviaron la sentencia por correo electrónico. Eso es todo lo que sé, que no cabe recurso. Y a mí me ha reavivado todo. ¿Y sabes qué es lo peor? Que están libres y se han dado cuenta de que no les pasa nada».